El Papa Benedicto XVI, desde sus primeros años de pontificado, anunció que la Iglesia Católica impulsaría una “nueva evangelización” en la región de América Latina y el Caribe. Las razones más evidentes tras esta iniciativa han sido: la persistente disminución del número de católicas y católicos en un continente tradicionalmente seguidor de dicha Iglesia, la existencia del fenómeno calificado por el mismo Papa como “secularismo hedonista”, y el avance cada vez más sostenido de la Iglesia Evangélica en países del continente; por ejemplo, Guatemala es hoy mayoritariamente evangélica. Esta tendencia sin duda preocupa al Vaticano que ve en riesgo su predominancia y, sobre todo, su influencia ideológica.
Dicho proceso re-evangelizador comenzó oficialmente en un espacio altamente político –la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano del Caribe– realizada en 2007 en Brasil, país que cuenta con el mayor número de católicos en todo el mundo, pero que no ha estado ajeno al hecho de la disminución de la feligresía. Allí el Papa Ratzinger llamó al compromiso y dedicación de todas las Conferencias Episcopales nacionales y de todas las congregaciones en favor de dicha cruzada.
Pero más que un proceso de captación de nuevos adeptos, tal vez la alta jerarquía católica debería preguntarse el por qué de este paulatino alejamiento de fieles que hoy le aflige, fieles que dejan de seguir sus enseñanzas y de asistir a sus ceremonias litúrgicas, pero que, incluso, renuncian definitivamente a pertenecer a la Iglesia Católica, llevando a cabo el acto más trasgresor: la apostasía, definida como la negación, renuncia o abjuración a la fe en una religión. De hecho, ya se han producido innumerables actos de apostasía; por nombrar algunos, los realizados en distintos continentes en solidaridad con Rosita, niña nicaragüense quien logró un aborto terapéutico tras quedar embarazada por violación. Y también cuando a una pequeña brasileña de 9 años, violada y embarazada de gemelos, se le interrumpió el embarazo. Ambos abortos, de plena justicia, recibieron la condena inmediata de la jerarquía católica de sus respectivos países.
Hoy se anuncia, asimismo, una renuncia colectiva para el 10 de diciembre próximo, Día de los Derechos Humanos, cuyo título es: Apostasía de Nuestra América . Su objetivo es denunciar y rechazar el rol restrictivo y castigador que le ha cabido durante siglos a esta entidad religiosa, imponiendo una férrea dictadura moral sobre las decisiones y conductas de las personas, por una parte, y sobre las políticas de los Estados, por otra.
Efectivamente, tal como afirma Juan Marco Vaggione(1): “los siglos de influencia de la Iglesia Católica sobre la población latinoamericana generaron un proceso de ideologización donde el patriarcado y la heteronormatividad son presentadas y vivenciadas como las formas naturales… esta influencia de la Iglesia sobre la población se manifiesta como un sistema de doble discurso entre las acciones privadas y las posiciones públicas que dificulta la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos.
Mientras que a nivel público se legitima una postura represiva y estricta, que responde a los principios de la doctrina católica, en las prácticas privadas los actores flexibilizan sus posturas sin guiarse por dichos principios”. Más aun: “Esta doble capacidad de la jerarquía eclesiástica de ejercer su poder sobre el Estado y de sentar los límites culturales y morales del debate a nivel poblacional, se manifiesta con especial virulencia en relación al aborto. Una estrategia en este sentido es presentar al aborto como contrario al derecho natural y a los intereses nacionales. El aborto es construido no sólo como un delito que debe ser penalizado sino también como un pecado cuya regulación escapa al derecho positivo. De este modo, el debate se sacraliza, se presenta en términos absolutos, que no permiten la existencia del disenso y el debate”.
La acción regresiva eclesiástica católica –y por supuesto también de otras iglesias, fuera de la católica– es, asimismo, muy marcada y violenta en relación a las agendas de la diversidad sexual, las que son absolutamente rechazadas como “anti-naturales”. Los debates en torno al matrimonio de personas del mismo sexo, que se han activado con la reciente aprobación del matrimonio igualitario en Argentina, ejemplifican la existencia de posturas religiosas totalmente retardatarias.
Sin embargo, es un hecho que la Iglesia Católica ha ido perdiendo terreno y no es extraño, pues los procesos de separación Iglesia-Estado y la tendencia a la secularización de las sociedades del siglo XX y sobre todo del siglo XXI, son parte del camino a la modernización de las democracias actuales, y de apertura de los debates desde el marco de derechos humanos, la libertad, la autonomía y el respeto a la diversidad. Vaggione sostiene, en este punto, que la hegemonía de la Iglesia Católica en las discusiones de políticas sexuales y del aborto en particular, se han fisurado dando lugar a un grado mayor de pluralismo y debate, mientras que el poder de la Iglesia de decidir los parámetros y límites de la política en temas sexuales se ha interrumpido, en gran medida gracias al trabajo que por años se ha venido haciendo desde la sociedad civil.
Por otra parte, un factor relevante en la pérdida de apoyo y credibilidad de la Iglesia ha sido el conocimiento cada vez más público de los delitos de abusos gravísimos cometidos por sacerdotes en todo el mundo en contra de menores de ambos sexos, de mujeres, y también de monjas, violadas por ellos mismos y muchas veces obligadas a abortar, lo que fue silenciado y ocultado durante décadas por las autoridades máximas de la Iglesia, en una abierta expresión de doble moral. La avalancha de denuncias continúa incesante en todos los continentes.
Políticas públicas laicas: una exigencia
Frente a esta situación, la exigencia del Estado laico en las sociedades modernas es un debate urgente y necesario. En nuestra región latinoamericana y caribeña, tomando en cuenta el hecho de que la separación Iglesia Estado se ve cotidianamente amenazada, a pesar de que es un valor democrático en sí reconocido con rango constitucional, las organizaciones de la sociedad civil han colocado la defensa del Estado laico como eje central de sus demandas para que se garantice la implementación de legislaciones y políticas públicas ajenas a todo dogma.
Sin embargo, en particular en temas relativos a la salud sexual y reproductiva y los derechos correlativos, en educación, y en legislación de familias, es donde se encuentran las mayores dificultades para superar estas influencias regresivas, puesto que las jerarquías eclesiásticas, a través de un cabildeo abierto sobre los decisores públicos, sobre los medios de comunicación, sobre los tribunales de justicia y los parlamentos, erigen verdaderas murallas de pensamiento fundamentalista que parecen inexpugnables, pero no lo son (para muestra, la reciente aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina).
Por lo tanto, una vez más reiteramos la trascendencia del Estado laico para avanzar a sociedades democráticas y libertarias que garanticen los derechos de todas y todos. Por ello, como Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe nos hacemos parte de todos los esfuerzos que apunten en este sentido, y concordamos con los postulados del Código Laico, elaborado el año 2001 por el Frente por el Fortalecimiento de la Cultura Laica de México que, entre otros puntos, señala:
* La democracia es laica o no es democracia. Los Estados confesionales no se legitiman en la soberanía popular y contradicen el principio mismo de la convivencia democrática.
* La democracia requiere del Estado y educación laicos para la coexistencia civilizada y pacífica, dentro de la diversidad y el pluralismo.
* Los gobernantes y representantes populares nutren su legitimidad democrática del consentimiento del pueblo y no de la ostentación de creencia alguna.
* Las posiciones antidogmáticas y tolerantes, y en ese sentido laicas, pueden encontrar la garantía de su existencia, de su convivencia y competencia recíproca en las reglas del juego democrático.
* Ningún dogma, aunque fuera “creído” por la totalidad de los ciudadanos, puede imponerse en una democracia como decisión política.
* Los dogmas (verdades absolutas e indiscutibles) son la base de las religiones, pero no de la política ni de la ciencia, las cuales deben fincarse en la razón.
* Es inaceptable utilizar políticamente lo religioso o religiosamente lo político.
* La libertad de pensamiento es un derecho opuesto a la imposición de un modo determinado de comprender cualquier cuestión o problema.
* El derecho al disenso es consecuente con el pluralismo. Siempre existe la libertad de debatir entre quienes pensamos distinto.
* La esfera de lo íntimo debe protegerse por el principio del máximo respeto por la autonomía individual y la privacidad.
En el futuro cercano, ante la proximidad del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, llamamos a todas las organizaciones de la sociedad civil de nuestra región a trabajar en torno a la libertad de elección de las mujeres sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, desde un enfoque laico, humanista y de derechos humanos.
Nota:
1) Vaggione, Juan Marcos. El aborto: las nuevas fronteras. En: Conciencia Latinoamericana, Ed. Virtual. Vol. 1 no. 1, marzo 2009, p. 38.
Mayores informaciones sobre este tema:
Apostasía colectiva
Católicas por el Derecho a Decidir
Declaración Universal sobre la Laicidad en el Siglo XXI
Europa Laica
Red Iberoamericana de Libertades Laicas
República e Laicidade
Efectivamente, tal como afirma Juan Marco Vaggione(1): “los siglos de influencia de la Iglesia Católica sobre la población latinoamericana generaron un proceso de ideologización donde el patriarcado y la heteronormatividad son presentadas y vivenciadas como las formas naturales… esta influencia de la Iglesia sobre la población se manifiesta como un sistema de doble discurso entre las acciones privadas y las posiciones públicas que dificulta la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos.
Mientras que a nivel público se legitima una postura represiva y estricta, que responde a los principios de la doctrina católica, en las prácticas privadas los actores flexibilizan sus posturas sin guiarse por dichos principios”. Más aun: “Esta doble capacidad de la jerarquía eclesiástica de ejercer su poder sobre el Estado y de sentar los límites culturales y morales del debate a nivel poblacional, se manifiesta con especial virulencia en relación al aborto. Una estrategia en este sentido es presentar al aborto como contrario al derecho natural y a los intereses nacionales. El aborto es construido no sólo como un delito que debe ser penalizado sino también como un pecado cuya regulación escapa al derecho positivo. De este modo, el debate se sacraliza, se presenta en términos absolutos, que no permiten la existencia del disenso y el debate”.
Sin embargo, es un hecho que la Iglesia Católica ha ido perdiendo terreno y no es extraño, pues los procesos de separación Iglesia-Estado y la tendencia a la secularización de las sociedades del siglo XX y sobre todo del siglo XXI, son parte del camino a la modernización de las democracias actuales, y de apertura de los debates desde el marco de derechos humanos, la libertad, la autonomía y el respeto a la diversidad. Vaggione sostiene, en este punto, que la hegemonía de la Iglesia Católica en las discusiones de políticas sexuales y del aborto en particular, se han fisurado dando lugar a un grado mayor de pluralismo y debate, mientras que el poder de la Iglesia de decidir los parámetros y límites de la política en temas sexuales se ha interrumpido, en gran medida gracias al trabajo que por años se ha venido haciendo desde la sociedad civil.
Por otra parte, un factor relevante en la pérdida de apoyo y credibilidad de la Iglesia ha sido el conocimiento cada vez más público de los delitos de abusos gravísimos cometidos por sacerdotes en todo el mundo en contra de menores de ambos sexos, de mujeres, y también de monjas, violadas por ellos mismos y muchas veces obligadas a abortar, lo que fue silenciado y ocultado durante décadas por las autoridades máximas de la Iglesia, en una abierta expresión de doble moral. La avalancha de denuncias continúa incesante en todos los continentes.
Frente a esta situación, la exigencia del Estado laico en las sociedades modernas es un debate urgente y necesario. En nuestra región latinoamericana y caribeña, tomando en cuenta el hecho de que la separación Iglesia Estado se ve cotidianamente amenazada, a pesar de que es un valor democrático en sí reconocido con rango constitucional, las organizaciones de la sociedad civil han colocado la defensa del Estado laico como eje central de sus demandas para que se garantice la implementación de legislaciones y políticas públicas ajenas a todo dogma.
Sin embargo, en particular en temas relativos a la salud sexual y reproductiva y los derechos correlativos, en educación, y en legislación de familias, es donde se encuentran las mayores dificultades para superar estas influencias regresivas, puesto que las jerarquías eclesiásticas, a través de un cabildeo abierto sobre los decisores públicos, sobre los medios de comunicación, sobre los tribunales de justicia y los parlamentos, erigen verdaderas murallas de pensamiento fundamentalista que parecen inexpugnables, pero no lo son (para muestra, la reciente aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina).
* La democracia es laica o no es democracia. Los Estados confesionales no se legitiman en la soberanía popular y contradicen el principio mismo de la convivencia democrática.
* La democracia requiere del Estado y educación laicos para la coexistencia civilizada y pacífica, dentro de la diversidad y el pluralismo.
* Los gobernantes y representantes populares nutren su legitimidad democrática del consentimiento del pueblo y no de la ostentación de creencia alguna.
* Las posiciones antidogmáticas y tolerantes, y en ese sentido laicas, pueden encontrar la garantía de su existencia, de su convivencia y competencia recíproca en las reglas del juego democrático.
* Ningún dogma, aunque fuera “creído” por la totalidad de los ciudadanos, puede imponerse en una democracia como decisión política.
* Los dogmas (verdades absolutas e indiscutibles) son la base de las religiones, pero no de la política ni de la ciencia, las cuales deben fincarse en la razón.
* Es inaceptable utilizar políticamente lo religioso o religiosamente lo político.
* La libertad de pensamiento es un derecho opuesto a la imposición de un modo determinado de comprender cualquier cuestión o problema.
* El derecho al disenso es consecuente con el pluralismo. Siempre existe la libertad de debatir entre quienes pensamos distinto.
* La esfera de lo íntimo debe protegerse por el principio del máximo respeto por la autonomía individual y la privacidad.
En el futuro cercano, ante la proximidad del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, llamamos a todas las organizaciones de la sociedad civil de nuestra región a trabajar en torno a la libertad de elección de las mujeres sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, desde un enfoque laico, humanista y de derechos humanos.
Nota:
1) Vaggione, Juan Marcos. El aborto: las nuevas fronteras. En: Conciencia Latinoamericana, Ed. Virtual. Vol. 1 no. 1, marzo 2009, p. 38.
Mayores informaciones sobre este tema:
Apostasía colectiva
Católicas por el Derecho a Decidir
Declaración Universal sobre la Laicidad en el Siglo XXI
Europa Laica
Red Iberoamericana de Libertades Laicas
República e Laicidade
