Han pasado dos meses y medio desde que Mario Monti reconociera en Roma, en una reunión con los corresponsales extranjeros, que su Gobierno no había "valorado tasar los inmuebles de la Iglesia". Pues el primer ministro italiano se lo ha pensado mejor y este jueves, durante la celebración del 30º aniversario de la firma del Pacto Lateranense entre Italia y la Santa Sede, se lo comunicó en persona a las autoridades vaticanas.
En realidad, lo que hará el actual Ejecutivo es aclarar una legislación que Silvio Berlusconi se encargó de enmarañar para mantener contentos a los obispos y que no sólo ha dado pie a abusos, sino que ha hecho que el país deje de ingresar una buena cantidad de dinero.
La ley obliga a que el Vaticano pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (ICI en italiano) de todos los edificios que no se dediquen al culto religioso. Pero no hace distinción entre iglesias y otro tipo de edificios que además de albergar, por ejemplo, capillas, se dediquen a fines lucrativos. En este grupo entrarían colegios católicos, universidades, asociaciones, conventos transformados en hoteles o pisos de oficinas alquilados a empresas que no tienen nada que ver con la religión y que hasta ahora han estado exentos de impuestos.
En cualquier caso, no va a ser una tarea fácil. Para empezar, no hay ningún censo real de las instalaciones que posee la Iglesia en el país. Sí existe un cálculo aproximado gracias a un estudio del Partido Radical (PR), que desde hace años reclama que el Vaticano pague el impuesto como cualquiera. Según sus datos, el clero tiene aproximadamente 50.000 inmuebles, de los que 30.000 incumplen la norma, es decir, no pagan impuestos pese a que no se dedican sólo a la oración.
Hacienda espera ingresar unos 2.000 millones al año con la nueva medida
Y una vez hecho el censo, tocará tasar el patrimonio. Sólo así se podrá calcular realmente cuánto ha dejado de ingresar Italia cada año. La falta de datos ha dado lugar a muchas especulaciones. Según el PR, esa cifra ronda los 2.500 millones de euros, mientras que para el Ministerio de Hacienda equivaldría a 2.000 millones y para el Gobierno, como máximo, sería de mil.
Los ayuntamientos, que posiblemente sean los más beneficiados, ya que una parte del impuesto irá a sus arcas, no creen que pase de los 500 o 600 millones, según explicó este jueves el presidente de la Asociación Nacional de Ayuntamientos Italianos, Graziano Delrio. Y para la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), la primera interesada, el impuesto no superará los cien millones de euros, tal y como aseguraba este jueves el diario católico Avvenire.
Plan de ajustes
El cambio de opinión de Monti puede deberse a dos razones. Por una parte, la introducción del impuesto sobre la primera casa que incluyó el Ejecutivo en el plan de ajustes de 30.000 millones de euros provocó el descontento de los ciudadanos, que una vez más veían cómo tenían que pagar los platos rotos por la mala política, a la vez que la Iglesia conservaba sus privilegios.
"Cualquier intervención destinada a aclarar las fórmulas vigentes será acogida con la máxima atención y responsabilidad", dijo recientemente la CEI, que dejó bien claro, sin embargo, que "se debe reconocer el trabajo social del mundo sin ánimo de lucro". Es decir, Cáritas.
No hay ningún censo real de las instalaciones que posee el clero
La segunda opción, no menos probable, es que los técnicos estén pensando sólo en términos de legalidad. La Unión Europea hace años que lee la cartilla a Italia por una situación anómala y, quizá por eso, Monti quiso que el primero en conocer su decisión el pasado martes fuera el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, a quien se lo contó en Bruselas.
Los partidos, que hace unos meses también cambiaban de tema cuando se les preguntaba sobre las obligaciones fiscales de la Iglesia, este jueves aplaudían el gesto de Mario Monti. En cierto modo, es normal. Los técnicos gobiernan Italia para hacer lo que los políticos no se han atrevido a hacer nunca.
