El instrumento legal, que actualmente es discutido en la subcomisión permanente, tiene varias premisas fundamentales, una de ellas contenida en el artículo 305 de la Constitución de la República que define la seguridad alimentaria; otra es el inciso 1.4 del Plan de la Patria, que corresponde a la independencia en la producción de alimentos, abundó el diputado socialista.
Las políticas de producción de semillas en Venezuela no se han unificado, por lo que el proyecto de ley busca poner orden en el sector, así como estimular la siembra para este fin, que actualmente reporta un déficit en el país suramericano.
Uno de los puntos más polémicos, según Ureña, es que la propuesta legal se define como antitransgénica. “Estudios alertan sobre la incidencia en la salud de animales y seres humanos cuando se consumen alimentos con organismos modificados genéticamente”, enfatizó el parlamentario, miembro además de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico.
El legislador sostuvo que una gran cantidad de la producción agrícola con transgénicos acaba con el ambiente, afecta a los microorganismos y contamina los cultivos locales, por ello reivindicó una ley que plantea con toda claridad el no uso de esos productos, una cuestión que no está bien definida en la norma vigente, insistió.
Contra los oligopolios
En Venezuela también hay gran actividad de los movimientos agroecológicos, y los parlamentarios han recogido sus inquietudes, no solo en cuanto al uso y consumo de alimentos, sino en relación con los paquetes tecnológicos que manejan, en los que vienen incluidos fertilizantes agroquímicos. “Sin estos venenos las semillas modificadas genéticamente no tienen buenos rendimientos”, acotó.
“Venezuela es el sexto país con diversidad biológica en el mundo y los paquetes tecnológicos que traen con las semillas afectan la biodiversidad”, aseveró.
Son innumerables las denuncias contra trasnacionales oligopólicas como Monsanto y Pioneer, que manejan cerca de 90 por ciento de las semillas en el mundo, por lo que los productores se ven obligados a adquirir paquetes completos que incluyen agrotóxicos, pues de lo contrario las matas no crecen.
“El pueblo organizado ha manifestado que no quiere los transgénicos y nosotros hemos oído esas voces. Pero además, el comandante eterno Hugo Chávez se pronunció en varias oportunidades contra esos proyectos. En 2004, 2006 y 2007 paró unos proyectos de soya en la Mesa de Guanipa. De manera que hay suficientes argumentos para aprobar una nueva ley de semillas”, ahondó José Alfredo Ureña.
El proyecto busca sustituir la Ley de Semillas, Productos para la Producción Animal e Insumos Biológicos, vigente desde octubre de 2002 y que, de acuerdo con el diputado, tiene un radio de acción demasiado amplio que la hace inaplicable. “Esto fue otro motivo para elaborar un nuevo instrumento legal en el que están participando varios ministerios: Agricultura y Tierras; Ciencia, Tecnología e Innovación; Comercio; Ambiente; Alimentación y Relaciones Exteriores”, precisó.
La ley será resultado de un consenso entre todos los actores: productores agrícolas, comercializadores, movimientos sociales agroecológicos y movimientos contra el uso de los transgénicos.
Además, el instrumento impedirá que los alimentos transgénicos que se producen en el Mercado Común del Sur (Mercosur) ingresen a Venezuela. “Ellos producen más y son más eficientes, pero eso trae consigo el uso de manera acelerada de esas variedades. Nosotros planteamos que tenemos que ser más eficientes, pero con métodos que no empleen esas técnicas ni semillas modificadas genéticamente”, reiteró Ureña.
El proyecto de ley, que fue incluido en 2012 en la agenda parlamentaria y debe entrar a discusión general en julio, plantea la fundación de un Instituto Nacional de Semillas que fiscalice y certifique de manera autónoma la producción agrícola en la República Bolivariana.
“Esto permitirá certificar si las semillas y otros productos tienen un origen transgénico, incluso los productos terminados. También prevé crear un banco local de semillas que debería estar en Guárico, como primer paso, y después ir reproduciendo estas experiencias en otros estados, dependiendo de lo que se cultive en cada región”, adelantó.
Ureña aprovechó la oportunidad para invitar al foro sobre la diversidad ecológica que se realizará entre el 23 y el 28 de junio próximos en el estado Falcón (noroeste), en el que se abordarán temas relacionados con el anteproyecto de ley de semillas.
Posteriormente se discutirá la propuesta con todos los sectores involucrados, incluyendo las universidades e institutos tecnológicos.
Mantener soberanía
La idea de impulsar un Instituto Nacional de Semillas parte de la necesidad de garantizar la soberanía del país en materia de semillas, un eslabón fundamental en la cadena agroalimentaria, destacó el diputado socialista.
“Esta es una manera de alcanzar la independencia para los pequeños productos, medianos y hasta grandes que dependen de las grandes transnacionales. Lo que se busca es que se utilicen criterios técnicos para el uso de semillas, y que sea en el país que se decida el tipo y la variedad a usar, no que se imponga desde afuera”, concluyó el parlamentario, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
