FRACTURA HIDRÁULICA (FRACKING) ABRE GRIETAS SOCIALES EN ARGENTINA
Pueblos originarios, vecinos, académicos y ambientalistas alertan sobre el riesgo de severo daño ambiental que implica la fractura hidráulica (“fracking”, en inglés), requerida para extraer gas de esquisto.
A diferencia de los hidrocarburos que se obtienen por mera extracción de un yacimiento donde se encuentran en estado más o menos puro, el gas y el petróleo alojados en rocas de esquisto, pizarra y arenas bituminosas, entre otras formaciones, requieren técnicas más costosas y contaminantes.
El gas de esquisto se halla en rocas compactas que es necesario quebrar con perforaciones horizontales que pueden tener varios kilómetros de extensión y una fuerte presión de agua y de otros fluidos.
La técnica, que despierta controversia en Estados Unidos y Canadá y se prohibió en Francia y Bulgaria, está avanzando en Argentina, cuyo potencial se augura inmenso.
Diego di Risio, del Observatorio Petrolero Sur, explicó “el impacto ambiental de las tecnologías no convencionales redobla el de las tradicionales”, por el territorio que ocupan y el volumen de agua que insumen.
Otras entidades, como la Fundación Ecosur y Plataforma 2012, advierten sobre el peligro de que este tipo de explotación se expanda sin un debate profundo. El Observatorio publicó el año pasado el estudio “Fractura expuesta.
Yacimientos no convencionales en Argentina”, que describe el uso de productos químicos que pueden contaminar napas subterráneas y acuíferos. Pero, además, “se posterga el debate sobre la necesaria diversificación de la matriz energética” de Argentina, que hoy depende en casi 90 por ciento del gas y del petróleo, y se expande la frontera hidrocarburífera a zonas agropecuarias, según el informe.
El Plan Estratégico de Gestión 2013-2017 de la empresa petrolera YPF, nacionalizada en 2012 por el gobierno de Cristina Fernández, señala que Argentina es el tercer país con mayor potencial de gas no convencional, después de China y Estados Unidos.
De hecho, la primera plataforma para multifractura en América del Sur se perforó en 2008 en territorio de una comunidad mapuche de la austral provincia de Neuquén, sin consentimiento de sus habitantes.
La empresa a cargo de la operación es la estadounidense Apache, que ha adquirido vastas extensiones en la zona. En la comunidad de Gelay Ko (“sin agua”, en lengua mapuche) viven unas 40 familias. El pueblo está asentado sobre un acuífero, el Zapala, y las viviendas están rodeadas de pozos de Apache para la explotación no convencional de gas.
En 2012, tras haber presentado una denuncia judicial por falta de consulta a la comunidad y de estudios de impacto ambiental, un grupo de pobladores ocuparon instalaciones de Apache y fueron reprimidos y denunciados ante la justicia.
Encabezó la protesta la lonko (líder de la comunidad) Cristina Lincopán, una mujer de 30 años que murió hace un mes por hipertensión pulmonar, según manifestó el indígena Leftraru Nawel, de la Confederación Mapuche Neuquina.
“A la mortandad de animales, que ya se veía cuando la explotación era solo convencional, se suma ahora la salud de la población porque queman gas ahí, muy cerca de las viviendas”, denunció.
Nawel explicó que en Gelay Ko, como en otras comunidades mapuches de Neuquén, el agua es cada vez más escasa y salina, al punto de que las autoridades están distribuyendo el líquido en bidones. Pero Apache utiliza millones de litros en la fractura.
“La gente está preocupada por la contaminación del acuífero Zapala – declarado reserva natural por el municipio –, cuya magnitud todavía no se conoce”, advirtió. “El problema no es solo la cantidad de agua que utilizan, y que no sabemos de dónde traen. Le agregan productos químicos que se desconocen porque los datos gozan de protección de patente”, aseguró Nawel.
“Tampoco se sabe qué hacen con el agua residual. En Estados Unidos la reinyectan en pozos inactivos, sin cemento ni nada. En Neuquén tampoco hay tecnología para tratar este tipo de desechos”, añadió.
La explotación de Apache se sitúa en la inmensa formación de Vaca Muerta, que abarca dos tercios de Neuquén y parte de las provincias vecinas, y está considerada la mayor reserva argentina de gas no convencional.
En los dos últimos años, esta tecnología también se adelanta en otras regiones del país. En febrero, la presidenta inauguró nuevas exploraciones en la austral provincia de Chubut. En esa provincia de agua escasa, la abogada Silvia de los Santos presentó a nombre de pueblos originarios un recurso de amparo contra las exploraciones de Aguada Bandera, situada a 200 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y D-129, frente al mar, en el Golfo de San Jorge.
De los Santos presentó el recurso en vísperas de que se inauguraran esas exploraciones, para bloquearlas por irregularidades en el expediente de habilitación y estudio de impacto ambiental. Pero no tuvo suerte. El presidente de YPF, Miguel Galuccio, dijo que en San Jorge se puede hallar la formación más importante después de Vaca Muerta. En ambos casos, se trata de yacimientos convencionales que contienen además reservas no convencionales.
Mientras, áreas que no tenían tradición de hidrocarburos pasaron a figurar en la lista de exploración y explotación, como Los Monos, en la noroccidental provincia de Salta, y otro yacimiento en la nororiental Entre Ríos.
Bajo el suelo de Entre Ríos y de otras provincias del litoral argentino, parte de Uruguay, Paraguay y sur de Brasil se aloja el acuífero Guaraní, una inmensa reserva hídrica que es fuente de agua potable de múltiples ciudades de la región.
“Entre Ríos no formaba parte del mapa petrolero argentino, pero con esta tecnología hubo un desplazamiento y ahora las organizaciones (ambientalistas) se están planteando allí algún tipo de moratoria o prohibición de la fractura”, explicó Di Risio.
En la sureña Río Negro, ecologistas y vecinos se vienen reuniendo para intercambiar información y actuar contra la expansión de la fractura hidráulica en la zona de Allen, donde también opera la petrolera Apache.
Las perforaciones se ubican muy cerca de huertas de frutales, según denuncian los productores, preocupados por el impacto y la falta de control sobre el destino de los residuos líquidos que dejarán esas operaciones.
En el municipio rionegrino de Cinco Saltos, una ordenanza prohibió la fractura hidráulica en el ejido. Poco después, la intendencia vetó la norma y más tarde la asamblea legislativa insistió con su sanción.
