Luego de que en 1973 se registrara la primera generación de organismos genéticamente modifi- cados (ogm) en el mundo, han sido muchos más los desaciertos, los riesgos e impactos negativos que los beneficios anunciados a tiempo de su creación, al punto de que en la actualidad diversos países han decidido su prohibición.
Normativa
En Bolivia, la legislación nacional se orienta hacia la prohibición de la producción, importación, distribución y comercialización de ogm-Transgénicos, sin embargo, la realidad es bastante diferente a lo que establecen las normas.
El Artículo 255 de la Constitución Política del Estado (cpe) prohíbe toda forma de producción, importación, y comercialización de ogm. Asimismo, un paquete de leyes, decretos y resoluciones afirma, en alguna medida, el mandato constitucional.
Desde el 2005 está en vigencia la Resolución Administrativa vrnma Nº 135/05 que libera al maíz de cualquier posibilidad de contaminación transgénica.
A partir de 2009 se establece mediante Decreto Supremo 181 (artículo 80) la prohibición de compra de alimentos genéticamente modificados en Compras Estatales y alimentación complementaria escolar.
Desde la aprobación de la Ley de Derechos de la Madre Tierra queda establecido “el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial…”.
La controversial Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria resguarda especies de origen y diversidad nacional, entre las que se encuentra el maíz, de cualquier posibilidad de contaminación transgénica.
Asimismo, el Artículo 24 de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien establece que, a través de una norma específica, se debe garantizar la implementación de las acciones necesarias para la eliminación gradual de cultivos de ogm autorizados en el país.
Situación actual
Este engranaje jurídico constitucional que protege al país de la producción transgénica es el resultado de la resistencia y la lucha de los movimientos sociales de Bolivia.
Empero, los avances a nivel normativo aún no han logrado asegurar y garantizar que los ecosistemas y el medioambiente estén libres de alteraciones y contaminación, tampoco han permitido resguardar nuestro material genético generado en miles de años por las y los agricultores indígenas y campesinos y mucho menos salvaguardar la salud de la población.
En la actualidad la soya es el único producto con autorización legal para su producción transgénica, sin embargo, se conoce que existen otros transgénicos diseminados en territorio nacional.
Según datos de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el 100 por ciento de las muestras de algodón seleccionadas en el Municipio Pailón, en Santa Cruz, para pruebas de detección de organismos genéticamente modificados era producción transgénica.
Asimismo, ensayos realizados el 2010 en la región del Chaco –Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija– evidenciaron que cuatro de 187 muestras de maíz eran transgénicas.
Sin duda son datos alarmantes, pero preocupa aún más que ante esas evidencias no se haya realizado el seguimiento y no se haya adoptado acciones pese a tratarse de especies de las que nuestro país es centro de diversidad genética.
Eso demuestra que no se aplica la legislación nacional y, por tanto, no se protege la diversidad genética del país, principal fuente de soberanía alimentaria y base elemental para enfrentar cualquier adversidad generada por el cambio climático.
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| TE DE COCA: Dejará que la cultiven de forma transgénica para que las potencias la acepten? |
Vulneración
Lejos estamos de lograr lo que ocurre en otros países, en los que, en base a reportes científicos que advierten sobre los diversos impactos ambientales, sociales y en la salud provocados por los transgénicos, se aplican políticas de moratoria, prohibición y etiquetado de estos productos. En Bolivia no sólo se incrementa la producción, sino que también se promueve el consumo.
El 2012, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) ha reportado que el cien por ciento de la producción de soya en el país es transgénica. Si esto es así, es por demás evidente que se incumple el decreto de autorización de la soya transgénica en el que se establecen mecanismos para el control de la segregación, seguimiento ambiental, destino, entre otros.
Aún más, la expansión de este cultivo consolida el poderío de una elite agroempresarial que acapara las mejores tierras cultivables del territorio nacional y se beneficia con el subsidio a los hidrocarburos y otras políticas estatales, provocan- do la continua extranjerización de la tierra, conflictos ambientales, inseguridad alimentaria, dependencia productiva y comercial campesina, entre muchos otros impactos y efectos.
Llama la atención que, pese a saber que la mayor parte –100% según Anapo– de la producción de soya nacional es transgénica, el Gobierno haya incluido este producto en el paquete alimentario del subsidio prenatal y de lactancia.
Aún más, sorprende que en la etapa de desabastecimiento de algunos productos básicos de la canasta familiar –azúcar, arroz y harina– la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) los haya comercializado “casados” con la carne de soya transgénica, priorizando las solicitudes del agronegocio soyero en detrimento de la salud de la población e incumpliendo el Decreto Supremo No 28225 de 1 de julio de 2005, que establece que la soya transgénica producida en el país es exclusivamente para exportación.
Es sabido que la producción transgénica llega a los hogares en forma de aceite o algunos productos de importación y contrabando, ante lo cual tampoco se aplica medidas ni se cumple la legislación.
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| HAGA LO QUE DIGO, NO LO QUE HAGO: A diferencia de su "hermano" Chávez en Venezuela, Evo todavía no prohíbe el cultivo de transgénicos en Bolivia. |
Sólo en aceite de soya, según registros, cada boliviano ingiere aproximadamente 9,4 kg (ya que el consumo total es de 12,5, de los cuales el 75% corresponde a soya) sin contar con la mínima información sobre lo que se lleva a la mesa y los riesgos a los cuales es sometido con el consumo de este producto que procede de un paquete tecnológico (transgénico y pesticida) tan cuestionado en el mundo.
Evidentemente, no se trata simplemente de hacer cumplir las normas, sino de la voluntad política para hacerlo y para impulsar verdaderamente los sistemas comunitarios indígenas y campesinos mediante el fortalecimiento de mercados locales para su producción y políticas claras de fomento de la investigación y revalorización.
Esto significaría orientarnos de forma real a promover el verdadero cambio en el rumbo agroalimentario nacional.
