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4 dic 2012

Decenas de instituciones se oponen a transgénicos en Costa Rica

Más de una veintena de pronunciamientos contra los transgénicos, de instituciones gubernamentales y otras, fueron recibidas esta semana por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, que deberá definir sobre la solicitud de una empresa para sembrar transgénicos propiedad de la cuestionada transnacional Monsanto.
Es el caso de la Comisión de Patrimonio del Ministerio de Cultura; la Defensoría de los Habitantes; el diputado José María Villalta de la Asamblea Legislativa; la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina, la Escuela de Biología, la Facultad de Ciencias Agroalimentarias y el Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (PRUGAI) de la Universidad de Costa Rica (UCR); el Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica; el Centro de Investigación, Cultura y Desarrollo y el Centro de Educación Ambiental, ambos de la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED); el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense; el Movimiento de agricultura Biodinámica; la Red Permanezca; la Mesa Nacional Indígena; la Cámara de Fomento de la Apicultura; y el Colegio de Ingenieros Agrónomos.

También enviaron cartas el Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, Cooperativa Sol de Vida de Guanacaste, Food San José, Costa Rica, la organización Kokopelli de Costa Rica, Campaña por la Soberanía Alimentaria (que reúne a organizaciones campesinas), Colectivo Ecoartístico y de Economía Solidaria, entre otras organizaciones y personas.

Además, el grupo de activistas logró superar la meta de 5.000 firmas a la petición ciudadana en contra de la siembra de maíz transgénico en Costa Rica, tanto de forma electrónica, como en hojas que portaban los caminantes en su recorrido (ver nota aparte).

En sus cartas todas las instituciones y organizaciones manifestaron su rechazo a la solicitud de siembra de maíz transgénico en Guanacaste.

Yamileth Astorga, coordinadora del PRUGAI, alertó a los integrantes de la comisión su oposición “con base en el principio precautorio y conociendo los impactos ambientales, sociales y para la salud que la siembra de transgénicos acarrea”.

Además, Astorga pidió un “debate nacional” especialmente “considerando que si se da la liberación de estas semillas su retiro será irreversible al igual que las consecuencias para los ecosistemas”.

Por su parte, la Escuela de Biología alegó que “es necesario realizar el debido balance de los costos y beneficios sociales y económicos de su introducción, particularmente para los pequeños agricultores, debido a los derechos de propiedad intelectual existentes sobre esas variedades”.

Además, la Escuela de Biología recomendó a la Comisión Técnica Nacional en Bioseguridad “declarar una moratoria a la introducción de variedades de maíz transgénico a Costa Rica, hasta que no existan más estudios ecológicos y socioeconómicos que garanticen la integridad de la biodiversidad cultivada y natural existente en nuestro país”.

En la carta de la Defensoría de los Habitantes, alertó a la Comisión Técnica que la decisión debería tomarse con base en criterios científicos y técnicos pero también con el “reconocimiento de la realidad socio-cultural ligada a la siembra del maíz en toda Mesoamérica, y por ende en Costa Rica”.

La Defensoría recordó a la Comisión la firma del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y sus derechos, así como la vigencia de la Ley de Biodiversidad en Costa Rica, entre otros instrumentos legales.

Sobre la mesa esta mañana a las 8.30 en que inicie la sesión donde podría votarse la solicitud de siembra de maíces transgénicos en Costa Rica se encuentran numerosas cartas de organizaciones, instituciones y personas que piden un debate nacional del tema, por lo que instan a rechazar la solicitudes o posponer la decisión hasta que esa discusión se realice.

Hoy desde las 8.30 am se reúne la Comisión Técnica Nacional en Bioseguridad para analizar la solicitud de Delta & Pine de sembrar 15 hectáreas de maíz transgénico propiedad de la transnacional Monsanto.