La
Policía Federal llegó a la casa del ex presidente de Brasil, Luiz
Inacio Lula da Silva, a las 6 de la mañana del viernes 4 de marzo, para
ejecutar una orden de arresto, ordenándole presentarse ante el juez para
declarar. Lula fue liberado 3 horas más tarde y aún no ha sido
acusado.
La
orden de arresto había sido emitida por un juez que investiga el
escándalo de corrupción Lava Coches, en el que se alega que las empresas
constructoras pagaron a los políticos a cambio de contratos lucrativos
con la petrolera estatal Petrobras. Se dice que están involucrados
en el escándalo los políticos del partido gobernante y de la oposición,
pero los únicos miembros que hasta ahora han sido detenidos son
dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT). Esta es la
declaración emitida por la Izquierda Marxista (sección brasileña de la
Corriente Marxista Internacional, CMI) sobre este caso:
La Izquierda Marxista condena la orden de detención contra Lula para
ser interrogado, que tuvo lugar el viernes (4 de marzo) por la mañana,
organizada por la Policía Federal, junto con los medios burgueses, y
considera que se trata de un ataque a los derechos democráticos.
No apoyamos la política de colaboración de clases, ni los métodos
adoptados por el PT y el gobierno. La corrupción se origina en las
alianzas con la burguesía y su Estado, y en la defensa del capitalismo
hecha por Lula, Dilma y el PT.
La Operación Lava Coches tiene como objetivo preparar el terreno para
atacar a la totalidad de las organizaciones de izquierda y de los
trabajadores. Se está presionando al gobierno para que gire cada
vez más a la derecha, a pesar de que este gobierno ya está a la
vanguardia de los ataques contra los trabajadores.
El juicio de la AP 470, la llamada mensalão (la mensualidad), ya
había dado lugar a una serie de ataques a las libertades
democráticas. Cobarde y vergonzosamente, Lula y el PT se negaron a
defender a sus propios dirigentes. Ahora están en el centro de la
furia del ataque de la reacción burguesa.
La operación del viernes representa un salto cualitativo en la
situación política, con el objetivo de debilitar aún más al PT, pero
sobre todo para poner a prueba la fortaleza de cualquier reacción contra
una posible ofensiva burguesa para lograr sus objetivos. Para
ello, se ha hecho pasar al poder judicial por encima de las ya precarias
leyes e instituciones de la República.
Los objetivos de esta operación no sólo son Lula y el PT, que ya
están desmoralizados. La intención es abrir el camino para la
desmoralización y la criminalización del movimiento obrero y de sus
organizaciones.
En este momento de profunda crisis económica y política, el camino
elegido por la burguesía es el ataque directo a las conquistas y
derechos de la clase obrera. Se está preparando el terreno para
enfrentarse a la resistencia de las masas, en una situación en la que la
clase obrera y la juventud, especialmente desde junio de 2013, han
mostrado su disposición a la lucha en varias ocasiones.
La dirección del PT, Lula y Dilma tienen una responsabilidad directa
por la situación actual. La política y los métodos que defendieron y
aplicaron destruyeron al PT como un partido de clase, como una
herramienta para la lucha de la clase obrera. La traición de las
expectativas del pueblo que los eligió, con una verdadera estafa
electoral, y la aplicación de una política de sumisión a los intereses
de los capitales nacionales e internacionales, llevaron a la bancarrota
política del PT.
El gobierno de Dilma está llevando a cabo una política de ataques
contra los derechos y las conquistas de la clase obrera con el fin de
garantizar el pago de las deudas interna y externa. Se reduce el
presupuesto para el gasto social, se abre el camino para la explotación
de las reservas de petróleo en alta mar por las multinacionales, divide
Petrobras y privatiza sus mejores "piezas", se expanden las
privatizaciones, y se prepara una nueva contrarreforma de las pensiones.
Se propuso un proyecto de ley urgente para la lucha contra el
terrorismo, pero que es un instrumento de guerra contra el pueblo, ya
que intensifica la criminalización de los movimientos sociales.
Estamos en contra de los intentos de la derecha de acusar a Dilma,
porque su objetivo es profundizar aún más los ataques a nuestra
clase. Pero nosotros no caemos en los cantos de sirena de los que
gritan que hay un golpe de estado, como una justificación para la
defensa de este gobierno y de sus políticas anti-proletarias.
Una estrategia de izquierda para la situación actual sólo puede
encontrarse a través de la lucha por nuestras demandas, contra todos los
ataques del gobierno y de los empresarios. A través de la
organización independiente de la clase, hay que encontrar una salida de
izquierdas. Es en esta lucha contra el capital y sus políticas,
contra el reformismo, y en la lucha por el socialismo que vamos a
construir de nuevo un gran partido de clase verdaderamente leal a los
trabajadores y a la juventud.
Es en este sentido que la Izquierda Marxista participará en las
acciones solicitadas para el 31 de marzo por los sindicatos y los
movimientos sociales, y denuncia una vez más esta arbitrariedad de lo
más monstruosa del poder judicial, de la Policía Federal, y de los
medios burgueses.
¡En defensa de los derechos democráticos!
¡Abajo la austeridad! ¡Abajo el capitalismo!
¡Por Asamblea Constituyente del Pueblo! ¡Por un gobierno de los trabajadores!
http://www.marxist.com/brasil-arresto-lula-declaracion-izquierda-marxista.htm