Prohibido criticar
A comienzos de este año fueron despedidos los profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) Omar Vázquez Heredia y Manuel Sutherland, por realizar públicamente críticas a la política económica del gobierno. Los jóvenes intelectuales y activistas de izquierda venían cuestionando a través de artículos e intervenciones públicas el ajuste aplicado por Maduro y las grotescas mentiras de la propaganda oficial en torno a una “guerra económica”. Vázquez Heredia también se pronunció, ante las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, por el apoyo a candidaturas de la izquierda anticapitalista no alineada al gobierno ni a la coalición opositora de centroderecha, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Los despidos como retaliación política
no solo resultan sintomáticos de la precarización de derechos
laborales en los centros educativos controlados por el gobierno, como la
UBV, donde no hay derecho a la organización sindical, gremial o
estudiantil. Más allá de lo que revelan sobre la inexistencia de las más
elementales garantías para la actividad docente y la investigación en
estas instituciones “bolivarianas”, estos despidos forman parte de la
persecución contra la izquierda independiente en el país.
Contra el sindicalismo revolucionario
Varios dirigentes sindicales de
izquierda han sido despedidos como retaliación política. Los dirigentes
del Partido Socialismo y Libertad (PSL) Orlando Chirino y Bladimir
Carvajal fueron despedidos de Pdvsa en 2007 y 2015 respectivamente,
Armando Guerra de la misma organización fue despedido de Hidrocapital
en 2007, en todos los casos por defender los derechos de los
trabajadores y oponerse a los manejos de la burocracia. Por denunciar
corrupción también fue despedida la dirigente sindical de izquierda
Osmary Escalona, trabajadora del Seguro Social (Ivss) en el estado Lara.
La lista es muy larga y no puede ser agotada en este breve escrito.
Los ataques empleando el aparato
administrativo y represivo del Estado, o incluso el sicariato, contra
toda posición que desde la izquierda independiente o incluso desde el
mismo movimiento chavista interpelara al gobierno, fueron un recurso
decisivo del gobierno para avanzar hacia una nueva gobernabilidad
burguesa e imponer sus medidas de ajuste y restricción de las libertades
democráticas. De esta manera, el gobierno no solo usó a sus agentes de
la burocracia sindical para dividir a la Unión Nacional de Trabajadores
(Unete) en 2006 y así abortar el proceso de refundación del movimiento
sindical, sino que incluso se apoyó en el sicariato para asesinar
Richard Gallardo, el único presidente de una federación regional de la
Unete electo democráticamente, la Unete-Aragua, así como a los
dirigentes sindicales revolucionarios Luis Hernández y Carlos Requena,
todos ellos militantes de la Unidad Socialista de Izquierda,
organización antecesora del PSL. La Unete-Aragua contaba con el hito de
haber realizado la única huelga general regional del período chavista en
2007, y de haber sido parte de la emblemática lucha de los trabajadores
de Sanitarios Maracay, en la cual más de seiscientos trabajadores
realizaron una experiencia de producción autogestionada durante más de
nueve meses, pese a la represión militar y policial.
Sicariato y represión
Así como el gobierno apeló al sicariato
para aplastar a la vanguardia revolucionaria de los trabajadores en
Aragua, llegando a asesinar a siete dirigentes del sindicalismo de
clase, también empleó métodos similares contra la principal experiencia
de recuperación de tierras indígenas, la encabezada por el cacique yukpa
Sabino Romero en la Sierra de Perijá. Luego de un intento fallido de
asesinar a Sabino Romero a finales del año 2009 por parte de agentes
indígenas del Ministerio del Interior y Justicia, el gobierno procedió a
encarcelarlo mediante un montaje judicial, junto con el joven dirigente
indígena Alexander Fernández. Luego de año y medio como presos
políticos, Romero y Fernández fueron liberados gracias a una campaña
nacional de protesta y denuncia. No obstante, ambos serían asesinados,
Fernández en 2012 y Romero en 2013, sin que hayan sido enjuiciados y
condenados los autores intelectuales de ambos crímenes. En el caso del
asesinato de Sabino Romero, tampoco se ha investigado y castigado la
participación de militares en el crimen, cubriendo la retirada de los
policías que actuaron como sicarios.
En enero de 2009, el gobierno regional
de Anzoátegui, encabezado por el actual Defensor del Pueblo, Tarek
William Saab, atacó con su policía una huelga de trabajadores
automotrices, asesinando a balazos a dos trabajadores. La huelga era
encabezada por una organización adscrita al chavismo que exigía la
nacionalización de una planta ensambladora de la Mitsubishi. Otro
dirigente sindical crítico que fue asesinado por su enfrentamiento con
mafias del chavismo fue Argenis Vázquez, de Toyota.
Criminalización de las luchas y censura
La criminalización de las protestas
populares y las huelgas también se convirtió en un recurso cada vez más
corriente luego de 2007. Centenares de procesos judiciales contra
trabajadores y dirigentes sindicales, campesinos e indígenas se abrieron
para aplastar el proceso de luchas sociales en auge. El secretario
general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de
Venezuela (Futpv), José Bodas, referente nacional del PSL, ha sido
objeto de varias detenciones por parte de la Guardia Nacional
Bolivariana por participar en asambleas sindicales o incluso por
repartir volantes en las instalaciones petroleras. Luego de que en el
año 2006 una marcha de trabajadores petroleros encabezada por Bodas en
Puerto La Cruz fue atacada a balazos por los cuerpos represivos, dejando
a un obrero gravemente herido, el gobierno fue sistematizando sus
ataques contra el sindicalismo de clase petrolero. En febrero de 2014,
Bodas fue detenido por repartir volantes en la Refinería de Puerto La
Cruz, junto con ocho trabajadores petroleros por más de 24 horas hasta
que una masiva protesta obrera frente a los tribunales logró su
liberación. En Petrocasa, Vtelca, Sidor y otras empresas estatales, el
gobierno ha encarcelado y llevado a juicio a trabajadores identificados
con el chavismo, pero con posiciones críticas hacia la burocracia del
Psuv y el gobierno.
En 2009 fue encarcelado Rubén González,
secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco y concejal
por el partido de gobierno, por encabezar una huelga reivindicativa en
su empresa. Al cabo de año y medio de encarcelamiento fue condenado a
más de siete años de prisión, pero la masiva protesta logró que se
anulara el aberrante fallo judicial, y en un nuevo juicio González fue
absuelto, en 2014. Ya para entonces, González había abandonado las filas
del chavismo y se había incorporado a la MUD.
En marzo de 2010, el gobierno chavista
del estado Aragua reprimió una protesta contra el ajuste económico de
Chávez convocada por la Unete-Aragua, deteniendo en la sede de la
policía en Maracay a 25 activistas de sindicatos, organizaciones de
izquierda y de derechos humanos. Muchas otras protestas de sectores
sindicales combativos fueron reprimidas y objeto de detenciones masivas
entre 2007 y 2013, destacándose las detenciones masivas en el marco de
la huelga que culminó con la nacionalización de Sidor en 2008.
En este marco, el portal
www.laclase.info, fundado en 2008, y uno de los principales medios
alternativos de difusión de las luchas obreras en Venezuela, ha sido el
blanco durante años de ataques informáticos y bloqueos en empresas
estatales como Pdvsa.
Marea Socialista
Un movimiento amplio chavista con
diversas tendencias, que abarcan desde el apoyo incondicional al
gobierno de Maduro y a sectores de la burocracia sindical en el estado
Carabobo, hasta posiciones más críticas del gobierno y que llaman a
conformar una alternativa revolucionaria al Psuv, Marea Socialista (MS)
ha sido objeto de numerosos ataques oficiales, desde acusaciones de
servir a la derecha o al imperialismo, hasta maniobras para impedir que
inscriban una tarjeta electoral en el Consejo Nacional Electoral.
Mientras que el dirigente sindical Gustavo Martínez, identificado con
MS, fue despedido de la empresa estatal Café Fama de América por
criticar la gestión corrupta de la empresa. Sin compartir la posición de
MS de invocar un supuesto legado chavista originario para contraponerlo
a las “desviaciones” del gobierno de Maduro, es importante que los
revolucionarios repudiemos los ataques antidemocráticos del gobierno en
su contra. A la par que se desarrolla un debate público sobre el
contenido del llamado “legado de Chávez”, y los elementos de continuidad
que hay entre los gobiernos de Chávez y Maduro, hay que procurar la
unidad en el terreno de la movilización contra el ajuste del gobierno y
contra las restricciones a las libertades democráticas.
Unidad contra los ataques del gobierno
¿Por qué ha quedado a la sombra esta
cruenta historia de persecución, represión y asesinatos por parte del
gobierno chavista contra la izquierda, e incluso contra sectores de la
propia base chavista? No hay una sola razón detrás de ello. Durante
muchos años una parte del chavismo justificó estos crímenes como
expresiones de la existencia de una “derecha endógena”, infiltrada en el
gobierno del presidente Chávez, en vez de denunciarlos como parte de
una política deliberada del gobierno para acallar a los luchadores
radicalizados. La mayor parte de la izquierda latinoamericana, de
inspiración socialdemócrata o filo estalinista, ha representado estos
crímenes como parte de una supuesta lucha contra la derecha, capitulando
al discurso oficial que presenta toda oposición al gobierno como de
inspiración imperialista o burguesa. Mientras tanto, la MUD ha avalado
silenciosamente estas persecuciones y represiones, cuando no ha
colaborado activamente en ellas, como en el caso de la criminalización
de las luchas indígenas y campesinas por recuperación de tierras, pues
obviamente coincide con los objetivos del gobierno. Sus únicas críticas,
cuando se han efectuado, han apuntado a lo tardía o insuficiente que
desde su perspectiva resulta la represión oficial.
Una campaña unitaria por el reenganche
de Omar Vázquez Heredia y Manuel Sutherland en la UBV, Gustavo Martínez
en Café Fama de América, Osmary Escalona en el IVSS y Bladimir Carvajal
en Pdvsa, sería una oportunidad para plantar cara a la política
gubernamental de criminalización de las opiniones políticas de izquierda
y de la actividad sindical. Formaría parte de los necesarios esfuerzos
por enfrentar la restricción de los derechos democráticos y por levantar
una fuerza política y social que enfrente el despiadado ajuste con el
que el gobierno castiga a la mayoría trabajadora de la población. Es una
necesidad urgente.
http://web.laclase.info/content/el-gobierno-chavista-contra-la-izquierda-una-persecucion-silenciada/