El Congreso mexicano establece la fundación legal para la ley marcial

 Por Neil Hardt

12 abril 2016

Una comisión de la Cámara de Diputados de México aprobó abrumadoramente el 29 de marzo a favor de una enmienda a la Constitución Mexicana para otorgar el poder dictatorial al presidente de establecer un estado de emergencia y suspender los derechos democráticos.

Bajo la enmienda propuesta, que pasará a ser votada en el pleno de la cámara, el artículo 29 de la constitución se modificaría así:

    "En casos de invasión, perturbaciones serias a la paz pública, o cualquier otra cosa que coloque a la sociedad en un grave peligro de conflicto, el presidente de los Estados Unidos de México, con la aprobación del congreso o la comisión permanente cuando el congreso no haya sido reunido, puede restringir o suspender, por todo el país o en lugares limitados, aquellos derechos y garantías que son obstáculos para confrontar, rápida y fácilmente, la situación".

La clase gobernante mexicana, temiendo el surgimiento de la oposición social en la clase trabajadora, está estableciendo el marco legal para la ley marcial y la dictadura militar. Los derechos democráticos más básicos de México, incluyendo el de la libertad de asociación, libertad de prensa y el derecho a un juicio y a un debido proceso, puede ser sometido a una suspensión a la petición del presidente y el consentimiento de una obediente rama legislativa.

La ley fue aprobada con el apoyo de todos los principales partidos políticos mexicanos representados en la cámara de la Comisión Gubernamental; esto incluye al PRI, PAN, PES, el Partido Verde Ecologista y el PRD. El Movimiento Ciudadanos rechazó oponerse a la enmienda mientras que Morena, el partido del ex alcalde de Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador fue el único en votar no.

El diputado PAN Ulises Ramírez declaró que el estado de excepción es necesario porque los terroristas "han trastocado cómo debemos regular nuestras convivencias". Muchos de los que votaron a favor del cambio citaron a los eventos del 11 de Setiembre, así como los recientes ataques terroristas en Paris y Bélgica, para justificar los cambios constitucionales.

La afirmación de que México está bajo la amenaza del Estado Islámico, Al Qaeda u otro grupo terrorista islámico tiene como objetivo enmascarar el verdadero contenido de la ley: preparar la represión estatal de la oposición social. Además de los peligros de "terrorismo", "desastres naturales" y "plagas", la comisión observó antes del voto del martes que la ley también se refiere a "revueltas internas de gran calado; incursiones de grupos armados internos; graves afectaciones a la paz o la estabilidad interna del propio Estado; crisis económicas que por su gravedad puedan generar alteraciones al orden público".

La comisión también observó que la ley "es amplia, adaptable y capaz de ser aplicada a diversas situaciones que ponen a la sociedad en riesgo".

El verdadero carácter de la enmienda está indicado adicionalmente por la aprobación de la "Ley Atenco" en el Estado de México, el estado más poblado del país, que rodea a la capital mexicana.

Aprobada el 17 de marzo esa lay otorga al gobierno estatal el poder de invocar el gobierno de emergencia. La ley toma su nombre por las masivas protestas que tomaron lugar en la ciudad de San Salvador Atenco en el 2006, cuando el gobierno, bajo el entonces gobernador y ahora presidente Enrique Peña Nieto, aplastó a los que manifestaban el desalojo forzado de la policía de los granjeros que vendían flores en una plaza de mercado. La policía mató a dos personas, arrestó a más de 140 y abusó sexualmente a 26 mujeres durante el ataque a los manifestantes.

La aprobación de la enmienda fue probablemente asegurada luego de discusiones con el gobierno estadounidense, que durante años viene fomentando la opción de establecer un estado de emergencia en México. Cables publicados por Wikileaks han revelado discusiones entre el entonces Secretario de Defensa mexicano Guillermo Galván y la administración Obama en octubre del 2009 precisamente sobre esta cuestión.

Uno de estos cables, No. 3101, fue archivado por el Encargado de Asuntos de la Embajada estadounidense John Feely, quién ocupa el mismo puesto hoy día en la embajada.

"El Secretario de Defensa Galván planteó recientemente la posibilidad de invocar el Artículo 29 de la constitución para declarar un estado de excepción en ciertas áreas del país", Feely observa. "Si es escrita correctamente y aprobada por el Congreso, podría otorgar al ejército una cubierta legal temporaria para sus actividades para quizás mejor enfocarse en operativos y no en sus críticos".

En aquel tiempo, la embajada estadounidense tuvo dudas de apoyar la acción, afirmando que "cualquier beneficio" producido por un "estado de excepción del Artículo 29 sería mermado por los altos costos políticos de tal acercamiento. Con cuestionable apoyo en el Congreso y limitado capital político, éste pondría en riesgo apoyo popular y del congreso". El cable concluye observando que "la posibilidad de la declaración de un estado de excepción no puede ser descartada en alguna futura fecha".

El abrumador apoyo en la legislatura mexicana por semejante enmienda hoy expresa la creciente convicción entre la clase de poder mexicana y sus mandamases imperialistas que los "beneficios" de establecer métodos de gobierno de estado policíaco ahora firmemente pesan más que las "desventajas".

Los siete años transcurridos detonaron una marea de oposición popular a la clase gobernante y al ejército mexicanos. El secuestro y desaparición en septiembre del 2014 de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa a manos de la policía y gángsters en el estado de Guerrero produjo una amplia oposición que hizo que cientos de miles de manifestantes exigieran la renuncia del presidente Peña Nieto por la complicidad del gobierno en los ataques. Las concesiones de inmunidad del gobierno a las fuerzas militares involucradas en periódicas masacres de ciudadanos como la masacre de Tlatlaya del 2014, en el que 22 civiles fueron baleados, también genera la inquina pública.

Junto con la actual crisis política, la continua desaceleración económica está a punto de encenderle la mecha al polvorín social. Entre el 2007 y el 2012, el número de millonarios en México se incrementó por 32 por ciento, mientras que el porcentaje de aquellos en la pobreza se incrementaba aproximadamente del 45 al 55 por ciento. En medio del enorme abismo social, la clase gobernante mexicana, trabajando junto con los bancos y corporaciones de Estados Unidos y Europa, está preparando acelerar su ataque a la educación pública, privatizar la compañía petrolera estatal Pemex y recortar las pensiones y salarios de los trabajadores petroleros mexicanos.

En preparación para el estallido de la oposición social, la administración Obama ha incrementado sus lazos militares y policíacos con México, entrenando y armando al ejército federal, que ya patrulla las calles en las ciudades de México. De acuerdo a un informe del Congreso de Estados Unidos de enero del 2016 "la cooperación militar entre lo dos países ha estado incrementándose, así como los programas de entrenamiento y equipamiento de parte del Departamento de Defensa en apoyo al ejército mexicano". En el 2015, el Comando Norte de Estados Unidos "entrenó a 4.598 militares, encima de los 3.413 del 2014. El entrenamiento ha incluido cursos en fusión de información, vigilancia, interdicción, seguridad cibernética, logística y desarrollo profesional".

Las preparaciones para la ley marcial que ahora toman lugar mancornada con colaboración entre el imperialismo estadounidense y las fuerzas armadas mexicanas son señales de la debilidad de una clase capitalista que sólo puede responder a las necesidades desesperadas de los trabajadores y campesinos con violencia y represión.

https://www.wsws.org/es/articles/2016/04/12/mexi-a12.html