Los primeros ministros británico y español, Cameron y Rajoy, se han hartado de amenazar a los escoceses y catalanes, respectivamente, con la automática expulsión de la Unión Europea en la hipótesis de que decidieran su independencia. En dicho empeño han obtenido cierta complicidad en el Presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy y en el Presidente de la Comisión Europea, Durâo Barroso, mientras que la Vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, también integrada en la derecha europea, se3 ha mostrado mucho más respetuosa con la eventual autodeterminación de catalanes o escoceses.
Es cierto que la segregación de Escocia del territorio del Reino Unido o de Cataluña del Reino de España determinaría el efecto de su exclusión de la Unión. Pero en absoluto lo es que ambos países (o cualquier otro que ejerza su autodeterminación en este sentido en el futuro) tuviera que integrarse necesariamente a través del largo y complejo proceso del artículo 49 del Tratado de la Unión Europea. Graham Avery, experto del European Policy Center lo ha manifestado en un informe encargado por el Comité de Política Exterior de la Cámara de los Comunes. Para el experto británico, el procedimiento adecuado sería el simplificado del artículo 48 del Tratado de la Unión, que sirvió para admitir a los antiguos ciudadanos de la Alemania oriental en octubre de 1990. Un procedimiento simplificado que podría resolver, en el caso escocés, su integración en la Unión en los 18 meses previstos entre la celebración de un eventual referéndum favorable a la independencia hasta la efectividad de la misma. Esto es, se trataría de que Escocia pasara sin solución de continuidad, desde su pertenencia a la Unión como parte del Reino Unido hasta su pertenencia a la Unión como Estado independiente.
Graham Avery incluso duda de que se pueda excluir a los ciudadanos escoceses o catalanes de los derechos de una europeidad ininterrumpida de 40 años en elprimer caso o de 28 en el segundo.Porque la Unión no es una mera asociación de Estados, sino una estructura institucional de base confederal que comporta derechos individuales para sus ciudadanos. Se ha ido construyendo una ciudadanía europea junto a la ciudadanía del propio Estadomiembro.Y jurídicamente resulta muy poco claro que catalanes y escoceses puedan ser excluídos de esta ciudadanía al acceder sus países a la independencia.
Este argumento jurídico, junto con la evidencia de las ventajas para Europa de la continuidad territorial escocesa o catalana (se trata de países que aportan economías diversificadas con ciudadanías de alta formación laboral y buen nivel cultural) hace dudar absolutamente del escenario catastrofista que Durào Barroso, Cameron o Rajoy plantean. Literalmente para atemorizar a los ciudadanos catalanes y escoceses con las eventuales consecuencias de sus procesos de autodeterminación
Es posible que los escoceses rechacen su independencia el próximo 18 de septiembre. Y también es posible que los catalanes no puedan decidir el próximo 9 de noviembre. Pero lo que resulta muy poco probable es que una decisión a favor de su independencia pudiese condenar a cualquiera de estos dos países a una prolongada espera a las puertas de una Unión a la que sus ciudadanos pertenecen por derecho propio y que forma parte de su sistema institucional y de valores.
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