La GCARD es el resultado de un proceso pergeñado por el capital financiero imperialista en la década de los ’80. En esos años la Fundación Rockefeller reunió a algunos otros financistas para conformar en Nueva York la Fundación para el Desarrollo de los Recursos (Resources Development Foundation)
La GCARD es un espectáculo montado por la ISAAA cuyo “único propósito” según sus propias palabras “es facilitar la introducción de biotecnologías patentadas por los laboratorios de las empresas de los países industrializados a los sistemas alimentarios y agropecuarios de los países del Sur”.
Es interesante detallar quienes fueron los tres grupos de “desinteresados” fundadores de la ISAAA:
1- En primer lugar, las agencias imperialistas de cooperación internacional, con la USAID -tapadera histórica de la CIA- a la cabeza
2- Las fundaciones que sostuvieron la investigación en biotecnología. Con la Fundación Rockefeller como financiador principal, a las que se sumaron: Fundación Benéfica Gatsby, (Gran Bretaña); Fundación Hitachi, (Japón/EEUU); Fundación McKnight, (EEUU); y la Fundación William Brown para el Desarrollo de los Recursos, (EEUU).
3- Y como protagonistas centrales del proyecto: las transnacionales de semillas, de agro-tóxicos y de maquinaria agrícola: Cargill semillas y maquinaria agrícola, Dow AgroCiencias y Monsanto (de EEUU); AgrEvo, KWS y Schering AG (de Alemania); Novartis semillas (Suiza) a las que luego se sumaron las multinacionales de semillas y/o agro-tóxicos: Du Pont (EEUU), Bayer (Alemania), Syngenta (Suiza); Groupe Limagrain (Francia); Land O’Lakes (EEUU), Takii y Sakata (Japón) DLF-Trifolium (Dinamarca) y otras.
Mujica y el “culto” a la soja transgénica
En el marco de un encuentro con periodistas agropecuarios extranjeros que llegaron a Uruguay para cubrir el show de la GCARD 2012, el presidente de Uruguay, José Mujica que inauguró la “Conferencia” indicó que “compañías que ingresaron a nuestras tierras, especialmente argentinas, nos enseñaron a trabajar la tierra y ahora somos un país agrícola, cosa que no éramos, porque la siembra directa no se conocía”. Completando sus eruditos pensamientos rurales, con un toque de misticismo afirmó que “la soja merece un monumento porque es una planta sagrada que nos trajo rentabilidad". Una de las funciones más importantes de los proyectos del ISAAA es fomentar “relaciones personales” con funcionarios gubernamentales de los países del “tercer mundo” que aseguren la iniciativa y el empuje necesarios para la incorporación de biotecnologías. En sus propias palabras, "posibilitando que los principales diseñadores de políticas de los países en vías de desarrollo compartan visiones y puntos de vista con líderes empresariales de las compañías privadas, el ISAAA está ayudando a generar la convicción, la confianza mutua y la colaboración que habrá de integrar a los países en vías de desarrollo a la revolución agro-bio-tecnológica".
Esas “relaciones personales” fueron las que permitieron la introducción de las semillas transgénicas de manera precoz en Argentina entre febrero y noviembre de 1994. Monsanto comenzó por “comprar” los equipos de investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA). Las relaciones “personales” fueron favorecidas por la dramática situación política que atravesaba el país vecino. Hay que recordar que estos acontecimientos se desarrollaron bajo las presidencias de Carlos Ménem (1989-1999), un nefasto privatizador del “modelo” Consenso de Washington que llevó el país a la quiebra. Su ministro de agricultura Felipe Solá, con estrechas “relaciones personales” con Monsanto, el 3 de abril de 1996 firmó la autorización para la comercialización de las semillas transgénicas “tolerantes al herbicida glifosato” sin ningún debate parlamentario, investigaciones previas o ley que regulara los cultivos transgénicos. En esencia, el ISAAA contó en Sudamérica con la experiencia en Argentina para seguir conformando élites que actuaran como secuaces de la biotecnología, y capaces de crear una estructura normativa adecuada a la penetración de éstas. Las compañías argentinas (pool de siembras) que “nos enseñaron a trabajar la tierra” introduciendo la “siembra directa” -al decir de Mujica- eran la punta de lanza de Monsanto, que transformaría a Uruguay en un País Transgénico. Como en Argentina, sin ningún debate parlamentario, investigaciones previas o ley que regulara los cultivos transgénicos. No es casual, entonces que Mujica se entrevistara en New York, luego de su fraudulento discurso en las Naciones Unidas, con uno de los especuladores más deplorables de la actualidad, George Soros, uno de los grandes accionistas de Monsanto y con David Rockefeller el principal promotor de la ISAAA a través de su Fundación y financiador de la biotecnología transgénica. Fue una actividad de fortalecimiento de las “relaciones personales” “compartiendo visiones y puntos de vista” con los dueños del circo.
En ese proceso, se espera que esa élite de expertos y funcionarios nativos “adeptos” a los transgénicos atemperen las inquietudes sociales y la oposición pública que pueda surgir en el ámbito local, nacional o regional, en el momento que la “guerra química contra la naturaleza” desatada por las transnacionales del agro-negocio se manifieste abiertamente como un envenenamiento progresivo de la tierra, del agua, del aire y de los alimentos de la población nacional.
En la actualidad en Uruguay estamos en el inicio de esa etapa de descontento social frente a las funestas consecuencias de esa verdadera contra-revolución agraria impulsada por las corporaciones de la agro-industria y recibida con elogios por los personeros del “progresismo”. Falta aún que se midan y se revelen abiertamente los desastres ambientales y las consecuencias sanitarias sobre la población.
Fumigando las aulas
El “Colectivo Sauceño” presentó en marzo de 2013 una denuncia a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) por las fumigaciones sobre escuelas por parte de las empresas del agro-negocio, en especial los sojeros con semillas transgénicas de Monsanto y su tóxico glifosato. Desde el año 2008, hasta el presente, se supo a través de la prensa, radios y/o contactos directos, de la ocurrencia de fumigaciones (agro-tóxicos) sobre más de 20 escuelas rurales y semi-rurales en varios departamentos. Como veremos por los datos brindados por algunas maestras, muchas docentes no informan de estos hechos, porque la Inspección de Primaria las ha advertido que no deben hacer denuncias a la prensa y porque los titulares y arrendatarios de las plantaciones transgénicas amenazan con dejar de hacer contribuciones para las escuelas. Por su parte los pobladores de las comunidades adyacentes a las escuelas rurales tienen temor de denunciar o porque dependen del trabajo en las cuadrillas sojeras o porque tienen alguna función relacionada con el enclave transgénico.
Podemos enumerar algunos casos identificados de atentados con agro-tóxicos contra locales escolares: Escuela Nº 369 en la calle Pedro Kramer 6100, Pajas Blancas. Escuela Nº 80 de Sauce de Herrera en Durazno. Escuela Nº 18 en Estación Merinos en el límite entre Paysandú y Río Negro. Escuela Nº 30 de Rolón, en Río Negro. Escuela Nº 77 de La Palma, en Río Negro. Escuela Nº 13 de Islas de Argüelles, en Rio Negro. Escuela Nº 29 de Portones de Haedo, en Rio Negro. Escuela Nº 61 de Nueva Mehlem, en Río Negro. Escuela Nº 37 de Santa Isabel en Río Negro. Escuela Nº 91 de Esteros de Pelotas en Rocha.
Escuela Nº 80 de Rafael Peraza en San José. Escuela Nº 34 Paraje San Martín en Soriano. Escuela Nº 84 en la ruta 26 a 10 km. del poblado El Eucaliptus. Escuela Nº 40 en la Colonia Pintos Viana. Escuela Nº 51 de Paraje Guayabos en Paysandú. Escuela Nº 43 del Paraje 444 sobre ruta 90 en el km. 38.
Escuela Nº 103 en Colonia Manuel Victoria en Soriano
El “Colectivo Sauceño” basado en algunos de estos incidentes, solicitó a la INDDHH su intervención de oficio para investigar y hacer públicos estos ataques contra la salud y los derechos de los escolares, los maestros, funcionarios y las comunidades cercanas a las escuelas. También reclama que la INDDHH intervenga ante el Ministerio de Salud Pública y el cuerpo de Sanidad Escolar, para que se realice un seguimiento del estado de salud de los afectados por fumigaciones, dado que está científicamente probado el efecto de acumulación de agroquímicos en el organismo. Propone también que se busquen los mecanismos para amparar y recibir las denuncias de las víctimas. Por la gravedad de la amenaza a la salud de los pobladores, piden que se estudie la aplicación del “principio precautorio” tendiente a minimizar, restringir, y/o prohibir el uso de tales productos. Algunos ejemplos De esas decenas de escuelas fumigadas hemos seleccionado algunos casos para ejemplificar. En la Escuela N°80 de Sauce de Herrera, en el departamento de Durazno, la agresión con venenos arrojados desde el aire fue por medio de avioneta. En la primera jornada los niños se hallaban ya de regreso en sus casas, aunque permanecía dentro la auxiliar de servicio culminando la higiene y su pequeña hija. Pero al día siguiente se repitió el hecho con todos los niños dentro del aula. Fumigaron también el tanque de agua de la escuela y un vecino del lugar que es ingeniero agrónomo, comprobó que fue el viento que difundió los agro-tóxicos. La maestra directora de la escuela, Elsa Gómez informó que se hicieron las denuncias pero ellas no tuvieron ningún efecto. “A los pocos días me interceptaron algunos funcionarios del MGAP en la ciudad de Durazno, en momentos en que estaba esperando el transporte para ir a trabajar a la escuela y parecía que querían minimizar el hecho, del modo en que formulaban sus preguntas”, relata Elsa, aún indignada. Este incidente es de 2009.
Otras maestras, en este caso de la Escuela N 18 de Estación Merinos , en el límite entre Paysandú y Río Negro, brindaron su testimonio por la ocurrencia generalizada de afecciones respiratorias entre sus alumnos -y aún entre sus hijos y ellas mismas- debido a la fumigación de una chacra precisamente frente a la escuela. Ellas son Fabiana Castelvi y Laura Godoy. Nacidas en la localidad, optaron por ejercer su profesión docente allí mismo. En el verano de 2010, un cultivo de soja distante escasos 100 metros de la Escuela fue fumigado, lo cual desencadenó alergias y bronco espasmos. “Comenzaron como casos aislados, sin embargo posteriormente se generalizaron y ello motivó una consulta con el médico de la localidad, que lo vinculó directamente al uso de agro-tóxicos”, señalaron las docentes. Avionetas y mosquitos son ya parte del paisaje. “Estamos verdaderamente rodeados”, dice Fabiana y agrega que, a su juicio, como oriunda de Merinos, “desde el momento en que las tierras se venden a extranjeros, eso ya nos está afectando”. Ambas maestras coinciden: “muy pocos padres son los que trabajan en esas actividades. Los verdaderos beneficiados son los dueños de las plantaciones”.
En la Escuela Rural N 51 de Guayabos (a 18 km de Guichón, Paysandú) El plantío de soja está a 14 metros del edificio escolar. Es imposible fumigar sin que afecte a los alumnos y maestras. Marcelo Fagúndez, del grupo de vecinos de Guichòn informó que se ha iniciado un relevamiento del lugar elevando las denuncias al MGAP, así como adjuntando material fotográfico a los medios de comunicación con la esperanza de que se informe sobre estos actos que atentan contra la vida (Información brindada por el Grupo de Vecinos de Guichón en Defensa de la Tierra y Los Bienes Naturales en el periódico digital, http://guichoninfo.com/).
En Río Negro, hay escuelas que conviven con plantaciones de soja hasta en el patio escolar, donde además las fumigaciones son habituales. En abril de 2012, la maestra Silvia Nobelasco, directora de la Escuela N 30 de Rolón , que está ubicada entre Sarandí de Navarro y Grecco en el departamento de Río Negro, denunció que cuando el maquinista de un “mosquito” fumigó cerca de la escuela y ella salió del edificio escolar para alertarlo, fue rociada con agro-químicos.
Inocencio Bertoni, director general de Servicios Agrícolas del ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declaró ante la denuncia que “ El técnico que hizo la inspección tomó nota de los químicos empleados y constató que ninguna de las tres sustancias (glifosato, Amina 2-3 y Banwed) está prohibida en el país ” . Ah!! ¿Son agro-tóxicos permitidos? Ahora estamos mucho más tranquilos!!! Fumiguen a los escolares sin hacerse problema. La Inspectora de Primaria Celeste Cruz dijo a El País que se solicitó un informe al inspector de zona, que concurrió al lugar para averiguar lo sucedido. "El mismo día que ocurrieron los hechos tuvimos la versión de la propia maestra" indicó la jerarca de primaria. Sobre el estado de salud de la docente, la inspectora , anunció que “ no existe solicitud de licencia médica, por lo que supone que el hecho está superado ” . En verdad la picazón en la piel, y el dolor de cabeza a Silvia le duraron 3 meses y hasta el presente, al menor atisbo de olor a agro-tóxicos se le cierra el pecho. ¿La frivolidad de la Inspectora de Primaria respeto a las consecuencias en la salud humana a mediano y largo plazo que provocan los agro-tóxicos se trata de ignorancia sobre la gravedad de los hechos o llanamente de cinismo? La maestra Silvia Nobelasco denunció el atentado a su salud y la amenaza que ésta implica sobre los niños de la escuela, en el juzgado en lo penal y lo civil de Young, en el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y en el Ministerio de Trabajo (MTSS). Silvia le ganó un juicio a la empresa implicada y declaró: “Mi intención no era el dinero, sino sentar un precedente para que la gente se anime y denuncie” .
En octubre de 2013, el uso de agro-químicos para preparar la tierra para una plantación de soja cerca de la localidad de Rodó, en Soriano, provocó intoxicación a niños de una escuela rural y pérdidas de la cosecha a varios agricultores locales.
El hecho ocurrió en la escuela rural 103 de Colonia Victoria, a unos 2 kilómetros de la localidad de Rodó. Una máquina estaba esparciendo productos químicos para “eliminar malezas” y preparar la tierra para la siembra directa.
El viento reinante en ese momento provocó que la sustancia invadiera el centro escolar y afectara a la maestra, una madre y algunos alumnos, uno de los cuales continuó con parte de las vías respiratorias afectadas lo que le impidió asistir a clases. Muchos niños tienen problemas en la piel y padecen alergias, pero las madres prefieren no denunciar la situación para evitar inconvenientes con los vecinos, o porque tienen relación laboral en el entorno del agro-negocio.
Ramón Machado, un chacrero y alambrador de la zona, declaró indignado "Echaron glifosato con otro producto a 25 metros de mi quinta y quemaron toda la verdura que tenía plantada. Estaba en plena producción y ahora no se puede consumir, se perdió todo", dijo el granjero."Empiezo en febrero para tener estas frutas y verduras. El trabajo de todo un año me lo anularon", indicó, sin contar los árboles frutales dañados "que no se hacen de un día para el otro, sino que llevan entre 5 y 6 años formarse".
Como vemos por estos pocos ejemplos existe una impunidad casi total de las empresas agrícolas dedicadas a los monocultivos transgénicos. Fumigan con avionetas, cosa prohibida en muchos países, sin importarle si hay viento o no. El Parlamento de la Unión Europea a través de su Directiva 128/09 ha determinado la prohibición de fumigación aérea en todo su territorio, y establecido la exigencia de adecuar las normativas de cada país en ese sentido, ya que pulverizaciones de plaguicidas realizadas en Francia eran detectadas en Islandia a los pocos días.
Fumigan con “mosquitos” hasta pocos metros de las corrientes de agua y cercanos a escuelas, viviendas, o zonas pobladas. Por su parte el control del Estado sobre el agro-negocio es nulo. Los inspectores y jerarcas del MGAP tienen como objetivo desvirtuar o sofocar cualquier denuncia. Los inspectores de Primaria tratan de minimizar los incidentes que victimizan a los escolares y docentes, Sanidad Escolar no realiza ningún seguimiento de los casos de envenenamientos con agro-químicos en las escuelas. No se ha hecho público que el Ministerio de Trabajo haya encarado alguna vigilancia sanitaria respecto a los trabajadores que manipulan agro-tóxicos. El Ministerio de Salud Pública no ha tomado ninguna iniciativa de control ni de acompañamiento de las víctimas de intoxicaciones con agro-químicos. Hay un verdadero complot de silencio y desinformación impuesto por la élite de burócratas y jerarcas estatales secuaces de la agricultura transgénica.
Agroquímicos: graves efectos en la salud
A pesar de la falta de estudios e investigaciones en el país sobre la relación entre agro-tóxicos y salud, existe una extensa documentación mundial de trabajos científicos, datos estadísticos y experiencias documentadas de seguimiento en comunidades afectadas por fumigaciones. Y, es posible que sea el glifosato -veneno utilizado en carácter casi exclusivo en Uruguay para los plantíos sojeros- el agro-químico más estudiado e identificado como una grave amenaza a la salud.
Sabemos que el “ombliguismo” uruguayo - junto a las campañas chovinistas recurrentes de medios y políticos autóctonos contra nuestros vecinos argentinos- resiste y descarta cualquier información ambiental que provenga del país limítrofe . Pero, justamente por ser Argentina un territorio donde las semillas de Monsanto fueron introducidas ya a principios de la década del 90, es allí donde tenemos una mayor acumulación de datos y experiencias al respecto. Y no se trata de información proveniente del gobierno argentino, que es tan pro-sojero como el uruguayo, sino directamente de los afectados por la explosiva expansión de los monocultivos transgénicos.
Ya en setiembre de 2008 “un amplio grupo de organizaciones de vecinos auto-convocados y ONG ambientalistas” de distintas provincias expuso la “Declaración de Caroya” -emitida en Colonia Caroya, localidad de la provincia de Córdoba- donde identificaba las consecuencias sanitarias de las reiteradas fumigaciones con agroquímicos sobre las poblaciones rurales y los barrios suburbanos de ciudades provinciales, durante la década anterior. La Declaración , basada en la experiencia de médicos que atendían las zonas sojeras, afirmaba que “ los procesos de sojización, monocultivo, siembra directa, agricultura intensiva”…”han afectado la Salud” en múltiples aspectos. En la “reducción de la edad media y talla de crecimiento en pueblos fumigados por desnutrición y descenso de las defensas naturales. Malformaciones congénitas. Mutagénesis. Pérdidas de Embarazo. Depresión y Suicidios. Afecciones al sistema nervioso central y otras patologías neurológicas. Invalidez. Espina Bífida. Lupus. Leucemia y otros tipos de cáncer. Cloracné y otras afecciones cutáneas. Asma, alergias y otras afecciones respiratorias y pulmonares. Esterilidad e Impotencia masculina. Disrupción Hormonal y otros trastornos hormonales. Disminución del desarrollo en la infancia. Síndrome Febril prolongado sin foco. Mayor vulnerabilidad infantil a contaminantes. Anemia. Esclerosis Múltiple. Isquemia cerebral” etc.
En agosto de 2010, la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Nacional de Córdoba citó un 1er. Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, “con el fin de generar un espacio de análisis y reflexión académica y científica sobre el estado sanitario de los pueblos fumigados, y de escuchar y contener a los miembros de los equipos de salud que vienen denunciando y enfrentando este problema...”
Las conclusiones del Encuentro confirmaron las denuncias formuladas dos años antes por la “Declaración de Caroya”:
“La primera recomendación es que la sociedad y la opinión pública, escuche, reconozca, y conozca lo que desde el ámbito académico y científico de la salud afirmamos: los plaguicidas son tóxicos, son venenos y nos están enfermando, las enfermedades que vemos y tenemos no son casuales, son generadas, principalmente, por la fumigación con estos agrotóxicos. En razón del grave problema que hemos aquí presentado, y en función de la aplicación del principio precautorio, creemos que se deben tomar medidas para garantizar el derecho a la salud y a un ambiente sano para las poblaciones de los pueblos fumigados, nuestros pacientes. Es urgente avanzar en restricciones públicas al uso de los plaguicidas ya que durante al menos 6 meses al año y tres veces por mes se envenena masivamente a las poblaciones de los Pueblos Fumigados de la Argentina. Las fumigaciones realizadas por medio de aviones o helicópteros han demostrado que producen una ‘deriva’ de los venenos que se esparcen de manera incontrolable. Es por ello que creemos que, considerando la magnitud de la utilización de agroquímicos en la Argentina y la fragilidad de la salud que se detecta en la población de los pueblos fumigados, es fundamental prohibir, en forma inmediata, toda fumigación aérea de plaguicidas en todo el territorio del país.” Y continúan con otra serie de propuestas en defensa de los pobladores de comunidades fumigadas, como estipular una distancia no menor de 1000 metros entre los cultivos y las viviendas para la fumigación terrestre (con “mosquitos”), y la prohibición de utilizar plaguicidas como el glifosato y los nuevos “cócteles de venenos” planificados para la Intacta RR2 PRO de Monsanto -que el ministro de MGAP Tabaré Abreu fue a promover en China este año-. Para quién mantenga dudas sobre este aspecto, informamos que en el documento conclusivo de este Encuentro hay una extensa bibliografía internacional probatoria de las graves consecuencias en la salud de los agro-químicos. Y agregamos que la insospechada Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que más del 25% de los casos mundiales de Parkinson están ligados a factores ambientales, como la exposición a productos químicos.
El SMU y los transgénicos
El sitio del Sindicato Médico del Uruguay tiene un artículo excelente de sencilla comprensión sobre uno de los peligros que difunden los organismos transgénicos cuando son consumidos por las personas.
“En la construcción de un organismo transgénico se requiere de una serie de elementos, con el fin de que el gen deseado pueda expresarse. Entre estos elementos se incluyen genes de resistencia a antibióticos, los mismos que sirven como marcadores genéticos. El problema de usar estos genes de resistencia, es que ellos pueden expresarse en el organismo resultante.” “Las bacterias han desarrollado diferentes mecanismos de resistencia para sobrevivir a la presencia de antibióticos. Uno de los mecanismos más eficientes y más utilizados por las bacterias es la síntesis de enzimas que inactivan los antibióticos. La producción de estas enzimas se debe generalmente a transferencia horizontal, donde los genes son adquiridos de otras bacterias. Esto se refiere a la transferencia de genes de bacterias de la misma o de diferentes especies o géneros, y se diferencia de la transferencia vertical de genes, que es la transmisión de un gen de una generación a otra. El hecho de que cada vez haya un mayor número de bacterias patógenas con resistencia a antibióticos se debe a la eficiente transferencia horizontal de genes de resistencia entre bacterias. Algunos de estos genes de resistencia se usan en la construcción de organismos transgénicos.” /9
Las corporaciones de biotecnologías argumentan que para la construcción de OGM se usan genes de resistencia a antibióticos ya descartados por su falta de efectividad, ante bacterias infecciosas que desarrollaron resistencia al mismo. Pero ya se han encontrado mutaciones de genes resistentes a antibióticos descartados que pasan a tener resistencia a otros grupos de antibióticos que se mantienen en uso médico. Es el caso de uno de los algodones transgénicos de Monsanto, en el que se comprobó una mutación que deviene en resistencia a la estreptomicina. Y la estreptomicina está en pleno uso.
Al no tener en cuenta la transferencia horizontal de genes y las mutaciones de estos, las corporaciones están difundiendo genes de resistencia a los antibióticos en pleno uso, en los alimentos transgénicos. También se ha comprobado que las características genéticas pueden saltar de una especie a otra. Es lo demostrado por los genes usados para crear el transgénico de la canola /10 que a través de las abejas que la polinizan se transfieren a la miel y de ahí pueden pasar a los organismos humanos. Por otra parte, Joe Cummins, Ph.D., profesor emérito de genética de la Universidad de Western Ontario, Canadá desmiente que las corporaciones biotecnológicas estén usando genes de resistencia a antibióticos descartados: "Yo he encontrado que los antibióticos usados en los cultivos transgénicos son los mismos que se usan en las operaciones y en el tratamiento en un número importante de enfermedades"
El problema es que los tecnócratas que intervienen en ingeniería genética en las corporaciones transgénicas entienden el proceso desde un punto de vista comercial, y se mueven por las urgencias de la competencia en el mercado, no miden las consecuencias ambientales y humanas, no lo analizan seriamente y simplemente una vez que tienen lo que quieren, lo liberan al medio ambiente sin ninguna clase de responsabilidad.
Cuando escribimos esta nota nos llamó la atención de la gravedad de la denuncia del SMU respecto a los alimentos transgénicos. Al mismo tiempo nos llevó a hacernos una serie de preguntas: ¿Por qué el SMU no ha lanzado una campaña nacional contra los alimentos transgénicos difundiendo esta información? ¿Por qué no realiza todo tipo de actividades públicas para salvaguardar la salud de la población de las evidentes y comprobadas amenazas de los transgénicos? ¿Cuál es el rol que debería cumplir la Facultad de Medicina frente a esta grave situación sanitaria en el país? ¿Por qué tanto el SMU como la Facultad de Medicina no exigen la clara identificación de los 800 productos transgénicos que se comercializan sin rotular en los supermercados? ¿O estos artículos solo tienen como objetivo cubrir las espaldas del SMU para cuando el tema venenos transgénicos “explote” inexorablemente en la opinión pública, internacional y nacional?
Justicia, transgénicos y agro tóxicos.
Según el fiscal Enrique Viana, quien interviene hace tiempo en temas ambientales, en materia de derechos sostiene que “Uruguay se transformó en un país transgénico. Hay problemas de aplicación del paquete tecnológico y fumigaciones. ¿Qué sucede? Existen instrumentos de las autoridades administrativas como el MGAP para evitar que se fumigue en determinadas zonas o a determinada distancia. Sin embargo, no se hace cumplir. La Ley de Ordenamiento Territorial dice que no se perjudiquen actividades. Nada de eso se está haciendo. Tampoco aplica potestades el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Existe una sensación de indefensión absoluta y al ciudadano le cuesta hablar sobre esto, porque no sabe” /11.
Después de los negativos informes de los relatores de Naciones Unidas sobre la situación de la justicia y los derechos humanos en el país, en la cuarta semana de octubre de este año, visitó Uruguay la ONG Red Iberoamericana de Jueces (RIJ) que sin la diplomacia de los jerarcas de la UN describieron a la justicia uruguaya como un sistema que armoniza más con el absolutismo autoritario que con la democracia. El documento emitido por la Red “destaca la preocupación por la judicialización penal y pretendida criminalización de la protesta social” y llama “a respetar en toda su extensión el derecho a la legítima protesta social". En respuesta a esta alerta de la Red, la jueza Gabriela Merialdo, convalidó el pedido del fiscal Zubía y procesó sin prisión 7 activistas sociales que reclamaron en el Palacio Piria -sede de la SCJ- por el discrecional traslado de la jueza Mariana Motta para arrebatarle unas 50 causas de delitos de Lesa Humanidad que se tramitaban en su juzgado. La Red advirtió sobre algo que no ha sido tema de debate en el país: la “concentración -no reglada y falta de criterios uniformes públicos- de las facultades jurisdiccionales y administrativas de la Suprema Corte de Justicia”. Tras la pantalla de la “independencia de poderes” la SCJ actúa sin ninguna clase límites y no rinde cuentas a nadie. Esto se manifiesta en la “discrecionalidad para el ingreso, ascensos, traslados y egresos de la carrera judicial” y “la falta de transparencia y rendición de cuentas a través de mecanismos de control ciudadano”. La Red acusó también a la SCJ de “incumplimiento de sus compromisos internacionales” y señaló que "La SCJ uruguaya no cumple con el Estatuto del Juez Iberoamericano, ni con el Código de Ética Judicial, ni con la declaración que conforma las 100 reglas de Brasilia para la mejor administración de justicia". La SCJ está dando una señal muy clara a todos los jueces “si quieren hacer carrera no apliquen el derecho internacional” /12.
Esta semana después de una ejecución extrajudicial de un joven de Santa Catalina, las organizaciones vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Estudios Legales y Sociales (IELSUR) y el Servicio Paz y Justicia-Uruguay (SERPAJ), advirtieron que hay un “estado policial desbocado” producto de lo que consideran “errores legislativos”. Afirman además que “ Estos hechos se integran a una construcción en movimiento de políticas más punitivas y represivas,” como la Ley de Procedimientos Policiales, votada en el año 2008 y “la aprobación de la ley 19.120 (que modifica las faltas establecidas en el Código Penal), el aumento de mínimos de privación de libertad para delitos gravísimos y nuevas tipificaciones en la Justicia Penal Juvenil, los anteproyectos de Internación Compulsiva y Código Infraccional Juvenil, y la aplicación de las medidas de seguridad curativas y educativas previstas en el art. 92 del Código Penal en casos de consumo de alcohol en espacios públicos”... “limitando y anulando garantías establecidas en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos”, sostienen las organizaciones. ILSUR y SERPAJ llaman a “evitar que el Estado Policial se siga expandiendo”. Y hacen responsable de esta situación al Ministerio del Interior y su policía y al Parlamento por las leyes aprobadas de corte claramente represivo /13.
De manera que debemos ser conscientes que tenemos una justicia que no nos brinda ninguna garantía para defender nuestros derechos a la salud y a la vida. Esto no significa que no se hagan las denuncias correspondientes y se den las batallas judiciales necesarias. La respuesta de la maestra Silvia Nobelasco a la fumigación de su escuela Nº 30 de Rolón y a su persona es un excelente ejemplo a seguir. Pero tengamos claro que el conflicto contra los transgénicos y agro-tóxicos, se deberá ganar en la calle por medio de fortalecidos movimientos sociales que impongan sus demandas. Es un proyecto imperialista sólidamente implantado en Sudamérica porque cuenta con una élite nativa en lugares claves de las decisiones gubernamentales y parlamentarias de los distintos países.
Gobierno Transgénico
Si hay un país que merece con todo derecho el adjetivo de Transgénico sin lugar a dudas, es Uruguay. La extensión de los plantíos de soja es de 1 millón 275 mil hectáreas, o 12.750 km2, una superficie mayor que Líbano. La soja transgénica invadió las mejores tierras del país, con costas al Rio Uruguay y al Rio Negro, desplazando a la ganadería que ocupaba con pasturas toda esa región. En la actualidad la “planta sagrada” es el primer rubro de exportación del país. Uruguay tiene un presidente, José Mujica, que admira y elogia la metodología agro-industrial y en especial se reconoce acólito de la soja transgénica. Ese mismo presidente se “codea” con los financiadores y mayores beneficiados (Soros y Rockefeller) de la contra-revolución agraria en Sudamérica. El país tiene un ministro de ganadería, agricultura y pesca, Tabaré Aguerre, que actúa en el plano internacional como lobista de Monsanto. Tiene un “hombre de Monsanto” Ing. Agr. Enzo Benech que fue ascendido a subsecretario del MGAP, luego de firmar un acuerdo como director del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) con la transnacional estadounidense -con varias obligaciones asumidas por el país mantenidas en secreto-. Benech también preside “oportunamente” la Comisión para la gestión de riesgos a la liberación de cultivos transgénicos. El MGAP tiene un cuerpo de inspectores en el enclave sojero que se dedica a sofocar denuncias contra las criminales fumigaciones de glifosato sobre las escuelas y las comunidades del interior. Tiene un Ministerio de Salud Pública que no ha realizado ningún seguimiento sobre la consecuencia de las fumigaciones de agro-tóxicos en la salud ciudadana. Ministerio que tampoco controla la manipulación y depósito de estos venenos en zonas pobladas, el lavado o deshecho de envases o el acopio de granos impregnados de químicos dentro de los pueblos. Cartera ministerial que no informa sobre los niveles de contaminación por agro-tóxicos de las frutas y verduras que se comercializan en el país. Y que no ha informado a la población sobre la amenaza a la salud de los transgénicos y el ataque que estos significan a la efectividad de antibióticos vigentes. En ese último aspecto existe una posible responsabilidad compartida, por abstenerse de denunciar en forma tajante, con el Sindicato Médico de Uruguay y la Facultad de Medicina. Tiene un parlamento que aprobó en 2008 -con todos los votos frenteamplistas- una Ley de Procedimientos Policiales que criminaliza la juventud, la pobreza y la protesta social. Tiene un ministro del interior Eduardo Bonomi que dirige una policía de “gatillo fácil” que está transformando al país en una “estado policial desbocado”, con obvia utilidad para frenar cualquier descontento social contra los transgénicos. Tiene un Ministerio de Trabajo que no realiza seguimiento ni control sobre los trabajadores que operan con agro-tóxicos...
Y dejamos abierta esta lista de jerarcas e instituciones nacionales que se abstienen de defender la salud de los ciudadanos de los sistemáticos atentados del agro-negocio, porque consideramos que es bastante más extensa que lo mencionado.
En compensación tenemos un “bizarro” grupo de maestras que se oponen y denuncian la fumigación con venenos sobre sus escolares y las comunidades adyacentes a las escuelitas rurales. Tenemos además una Asamblea Permanente en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales, que en octubre de este año realizó su 5ta. Marcha Nacional en Montevideo. Asamblea integrada por decenas de colectivos de ciudades y pueblos -como los citados en esta nota, de Sauce o Guichón - y con organizaciones aliadas como el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS). Tenemos los miles de firmas obtenidas en varios departamentos contra la minería a cielo abierto que es la otra cara de la moneda de ofensiva imperialista en Latino América. Tenemos a favor también la acentuada pérdida de ilusiones populares ante el fallido proyecto del “progresismo”. Es decir estamos en el transcurso inicial de reacción de nuevas fuerzas sociales del país frente a la clase política asociada al imperialismo.
Heráclito de Éfeso, precursor de la dialéctica formuló por primera vez en la historia de la filosofía que el conflicto es común a todos los procesos humanos: “todas las cosas se desarrollan y toman forma por medio de la disputa” .
Este artículo contó con la valiosa colaboración de José Curbelo Indart, desde La Paloma en el departamento de Rocha.
http://panamaon.com/noticias/ultima-hora/1135160-uruguay-pais-transgenico.html
