La injerencia de Monsanto en los asuntos económicos y políticos de América Latina se hace cada vez más evidente. El modelo del agronegocio extractivista se impuso de tal forma que los países del Mercosur más Bolivia, son hoy los mayores productores de soja transgénica del mundo. El principal negocio consiste en la inclusión del gen RR en las semillas de soja, maíz y algodón, que hace a las plantas resistentes al Roundup (RR), principal herbicida fabricado por Monsanto a base de glifosato. De esta manera se pueden sembrar con semillas genéticamente modificadas grandes extensiones de tierra (como el 57% de la provincia de Buenos Aires) y regarlas con glifosato desde una avioneta, manteniendolas a salvo de otras pestes. Pero la influencia de la transnacional trasciende el ámbito de la productividad para imponerse en los pasillos de la política, algo de lo que el Paraguay es el último y perogrullesco ejemplo.
La intervención de agentes ligados a los intereses de Monsanto y otras corporaciones internacionales -como Cargill, Río Tinto y Syngenta- en el golpe que derrocó a Fernando Lugo está ampliamente documentada. El principal actor detrás de escena allí fue la Unión de Gremios de Producción, vinculada al Grupo Zuccolillo, dueño del poderoso diario ABC Color -Zuccolillo es además presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP- que en las semanas previas al golpe comenzó una campaña contra el director del Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, (SENAVE), Miguel Lovera. Su principal culpa fue negarse a liberar la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía norteamericana, para su siembra comercial en Paraguay. Pocos días antes de la masacre de Curuguaty, pretexto que llevó a la derecha paraguaya a iniciar el juicio político contra Lugo, apareció en ABC Color una editorial intitulada “Los 12 argumentos para destituir a Lovera”, un manifiesto que fue entregado al entonces vicepresidente Franco, donde el Grupo Zuccolillo, principal socio de Cargill Paraguay, reprodujo los argumentos de las multinacionales para sacarse de encima al último obstáculo para la liberación de nuevas semillas transgénicas.
Desde el golpe de estado, cuatro variedades de maíz y una de algodón fueron liberadas en Paraguay. Además se profundizaron las exenciones fiscales para este tipo de empresas, en un país con uno de los sistemas impositivos más regresivos de América -el 60% de los impuestos recaudados provienen del IVA, mientras que sólo el 0,04% son de impuestos inmobiliarios- y donde más del 80% de la tierra está concentrado en las manos del 2% de la población.
Pero Paraguay es quizás sólo el último ejemplo de la injerencia de Monsanto en los asuntos de Nuestramérica. Los mercados de Brasil y Argentina son respectivamente el segundo y tercero a nivel mundial para la multinacional con sede en St. Louis. En 2009 Brasil superó a Argentina como segundo productor mundial de cultivos transgénicos. En 2009/10, se cultivaron 23 millones de hectáreas de soja en Brasil, de las cuales el 70% -16,5 millones de hectáreas- fueron cultivadas con soja transgénica RR, según la gubernamental Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB). Brasil es también el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo, cuyo principal producto es justamente el Roundup producido por Monsanto. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) publicó en 2010 in informe donde asegura que el 28% de los alimentos consumidos en el país contiene niveles peligrosos de residuos de agrotóxicos, algo por lo cual se pagaron 530 millones de dólares en regalías a Monsanto. Un informe elaborado por la Vía Campesina, asegura que la agricultura familiar y campesina da cuenta del 78% de la producción de alimentos del país y agrupa el 84% de todos los establecimientos agropecuarios del Brasil, empleando a tres veces más personas que el agronegocio, pero sólo ocupa el 24% de las tierras agrícolas.
La agricultura con organismos genéticamente modificados penetró en América Latina a través de las primeras liberaciones de semillas en la segunda mitad de los años 90 en Argentina. Nuestro país fue pionero en la adecuación de su estructura jurídica a los intereses de Monsanto. El 97% de la soja cultivada en el país es transgénica, pero la presencia de la multinacional se extiende en otras ramas. Argentina liberó el uso de la hormona recombinante bobina (rBST Posilac) producida por Monsanto, que aumenta en un 25% la producción lechera en las vacas y se encuentra prohibida en casi todo el mundo por haberse demostrado que el Posilac produce cáncer de mama en los humanos. La sobreproducción de leche produce a su vez irritaciones en las glandulas mamarias de la vaca, que son curadas con niveles constantes de antibióticos en el animal, cuyos residuos se encuentran en el producto para el consumo.
Monsanto se ha convertido en uno de los principales aliados del Gobierno nacional. La propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró desde Nueva York hace pocas semanas que “l a inversión de Monsanto es importantísima y va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 2020, como nuestro plan también industrial. Y me decía hoy su titular que les había impresionado mucho el apoyo que nuestro Gobierno estaba dando a la ciencia y a la tecnología. Tengan ustedes la certeza que vamos a seguir en la misma línea”. De esta manera se sostiene 'el modelo' que permite una magra redistribución de excedentes y el apoyo de las corporaciones en los lobbys internacionales para el gobierno argentino. A cambio, el oficialismo prepara las modificaciones de la Ley de semillas No 20.247/73, la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481/95 modificada por ley 24.572/96, la Ley No 24.376/94 por la que Argentina adhirió al Convenio internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV 1978.
De esta manera las estructuras estatales latinoamericanas se modifican en función de los intereses agroexportadores acompañados por la 'mano invisible' de grandes multinacionales. Es decir, además del daño ambiental que el uso de transgénicos comporta, aún más preocupante resulta la inserción de las transnacionales en las políticas estatales y la implementación de modelos económicos basados en el extractivismo agro-minero. Según un estudio realizado por el norteamericano Center for Responsive Politics, Monsanto gastó un total de 52,5 millones de dólares en los últimos diez años en la contratación de grupos asesores tales como el Russel Group, Washinfton Tax Group o el Bockorny Group, dedicados al lobby internacional, para asegurarse aprobaciones parlamentarias en diferentes partes del mundo para proyectos que le sean favorables. Uno de los casos ejemplares es el de México, que en 2005 abrió la puerta a los cultivos transgénicos con la famosa 'Ley Monsanto', aprobada por mayoría absoluta sin siquiera ser leída, ley que además de defender los derechos monopólicos de las trasnacionales por medio de sus patentes las exime de la responsabilidad por contaminación.
Existen sin embargo ejemplos de pequeñas excepciones a esta regla, como el caso del Perú. Si bien Ollanta Humala prosigue en su cruzada extractivista en la rama minera, reprimiendo inclusive con muertes a los pobladores que se le oponen, en noviembre de 2011 logró que el congreso aprobara una moratoria e diez años al cultivo y la importación de transgénicos en el país, “con el fin de proteger la biodiversidad, la agricultura nacional y la salud pública”. Una enorme derrota para Monsanto, que según los cables revelados el año pasado por Wikileaks -así es como se revelaron las negociaciones entre la empresa y el gobernador de Chaco Capitanich para la aprobación de los cultivos de algodón BT Cotton-, consideraba al Perú como un país clave para la comercialización de sus productos, e inclusive había comenzado su tradicional lobby para desembarcar nuevas semillas de soja.
En mayo de 2010, Monsanto anunció la donación de más de 60 toneladas de semillas híbridas de maíz y vegetales a Haití y otras 400 toneladas un año más tarde como contribución a la reducción del hambre en el país caribeño. La iniciativa provocó el masivo rechazo de los haitianos, ya que ese tipo de cultivo requiere altas dosis de Roundup contaminante, que no venía en el paquete y condeba a los agricutores a la dependencia de la multinacional por no poder almacenar semillas propias. Monsanto sostuvo que esa decisión se había adoptado en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en el marco de la presentación de su “Nueva Visión de la Agricultura”.
