Una regular evaluación obtuvo nuestro país en el reporte Freedom of Thought 2013, el cual mide anualmente la aceptación social de la que gozan los humanistas, ateos y personas no religiosas en general.
El informe, preparado por la Unión Ética y Humanista Internacional, asigna una calificación a cada territorio que va desde “Libres e iguales” para países donde no se registran casos de discriminación religiosa, hasta “Graves violaciones” para otros donde declararse ateo puede acarrear, incluso, la pena de muerte.
En este espectro, Chile ocupó una posición intermedia bajo el rótulo de “discriminación sistemática“, debido principalmente a 3 situaciones: condiciones de privilegio para las religiones, clases de religión obligatorias en algunas escuelas públicas y tratamiento privilegiado a las religiones en los actos oficiales del Estado.
“La celebración de misas católicas suele ser un punto central en los actos públicos y oficiales. (Esto se agrava) en los eventos militares, donde todos los miembros de las unidades respectivas son obligados a asistir”, indica el reporte.
Sin embargo uno de los puntos donde se detiene con mayor detalle el informe es en la educación.
“A las escuelas subvencionadas se les exige impartir al menos 2 horas de clases de religión a la semana durante la educación media, aunque los padres pueden optar por excluir a sus hijos. La religión impartida en estas escuelas públicas es casi exclusivamente católica, aunque el Ministerio de Educación aprobó planes de estudio presentados por otros 14 grupos religiosos. (Por norma) las escuelas deben enseñar la religión solicitada por los padres, sin embargo la puesta en práctica de esta disposición es muy débil”, asevera.
En tanto, dentro de los puntos que favorecen a Chile, está la ley anti discriminación aprobada en 2012 que penaliza las presiones por causas religiosas, o la ley de 2002 que prohíbe usar los medios de comunicación para difundir doctrinas de odio por causas similares.
De esta forma, Chile se encuentra lejos de Uruguay, único país sudamericano calificado como “Libre e igualitario” o de Brasil, calificado como “Casi satisfactorio”; pero tampoco al punto de Guyana o Surinam, donde las críticas a la religión oficial pueden ameritar penas de cárcel.
