La mujer venezolana no tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Una mujer muere semanalmente a causa de abortos clandestinos o sus consecuencias.
A pesar de que un gobierno de izquierda rige el país hace 13 años, el Código Penal parece regido por la Iglesia Católica, pues establece prisión de seis meses a 2 años para la mujer que interrumpa su embarazo, y de uno a tres años para el que la ayude.
Una capsula abortiva de Misoprostol – que se vende clandestinamente en las Farmacias – cuesta entre 25 y 50 bolívares. A pesar de la prohibición el 16% de las muertes maternas en Venezuela son por abortos clandestinos.
Pero por supuesto que la mayoría de estas muertes las aportan las mujeres pobres o de menos ingresos.
Estas mujeres forman parte esencial del proyecto de la Revolución Bolivariana; es decir, se supone que la razón de ser del gobierno de Hugo Chávez sean estos hombres y mujeres que han sido excluidos por décadas.
Son, también, las que más lo necesitan.
El tema del aborto es controvertido para muchas personas, pero no deja de ser una necesidad para muchísimas mujeres, no solo cuando la criatura pone en riesgo su vida inmediata.
Pero hay algo real: mientras más se prohíba, mas muerte femeninas ocurrirán, mas beneficio tendrán quienes practican el aborto de manera clandestina, mayores daños físicos y mentales para mujeres y hasta para la sociedad.
La Asamblea Nacional ha dicho que la ley de igualdad de género no considera la aplicación y evaluación de la despenalización del aborto.
Por estos días se estrena en Venezuela una nueva Ley del trabajo, o Ley Orgánica del Trabajo, como se llama realmente. En ella la licencia maternal pasara a ser la de mayor extensión en todo el continente, con seis meses y medio como tiempo de descanso prenatal y 20 semanas post parto.
Tal parece que se hiciera competencia con otros países – como Cuba y Chile – para “regalar” algunos días más a las mujeres embarazadas.
A mi humilde parecer, es una gran hipocresía resaltar dentro del continente por la humanidad hacia las mujeres embarazadas; y a la vez promocionar – en vallas publicitarias de las Estaciones del Metro – el aborto como un delito al que deben combatir los venezolanos.
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